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El municipio de San Juan del Río desacató la orden de embargo de bienes tras perder cuatro juicios laborales y por los cuales se negó el pago de 5.2 millones de pesos.
Norma Angélica Rocha Ferrer, representante legal y demandante, acudió junto con el actuario Héctor Aguilar Garduño para ejecutar el embargo a los bienes de la presidencia municipal, a manera de garantía por la falta de indemnización a cuatro personas despedidas en anteriores administraciones entre las que está la propia abogada.
El actuario fue atendido por el área jurídica de la presidencia y por el regidor síndico Pacheli Demeneghi; sin embargo, quienes no dispusieron ningún bien para que ser sujeto de embargo, por lo que el hecho fue calificado como un desacato del municipio.
Ante la negativa de disponer bienes para embargo, se notificó de los hechos al Ministerio Público para llevar a cabo el inicio de nota correspondiente.
Esta fue la segunda ocasión en que la abogada acudió a la presidencia para solicitar el pago a los ex trabajadores y proceder al embargo de bienes ante la negativa a indemnizar a los afectados; dicho asunto laboral data de 2009 cuando los afectados fueron dados de baja y en noviembre de 2014 se emitió un fallo a favor de éstos, el cual no ha sido acatado por el ayuntamiento.
“Cuando se emitió el fallo, las autoridades municipales de ese momento interpusieron varios amparos para no pagar las indemnizaciones correspondientes a los cuatro ex trabajadores, incluida yo, luego acudimos en octubre debido a que los amparos fueron improcedentes, sólo fueron argucias para retrasar el proceso y ahora nos niegan bienes para embargar (...)”, dijo Norma Rocha.
Advirtió que ante esta reciente negativa a disponer de bienes de embargo, se solicitó al área jurídica la disposición de una cuenta bancaria como garantía de cumplimiento; sin embargo, aseguró que el proceso ante el Ministerio Público seguirá su curso para que se finquen responsabilidades a los funcionarios que se negaron a atender la ejecutoria de embargo.
Podría haber inhabilitaciones.Norma Rocha aseguró que ante la falta de pago demandado y la no disposición de bienes para embargo, se podrían ordenar inhabilitaciones en contra de funcionarios responsables de estos hechos, luego de acudir en reiteradas ocasiones a solicitar la indemnización correspondiente a los afectados.
“Por esta negativa de pago y de disponer de bienes para embargarse, la presidencia está cometiendo un desacato y puede haber otros procesos como la inhabilitación de algún funcionario responsable”, reiteró.
El requerimiento de pago y embargo se hizo con base en el expediente 827-2009 correspondiente a los laudos laborales emitidos a favor de Martha Romero Chávez, José Luis Salinas Gómez, Norma Angélica Rocha Ferrer, ex trabajadores de la alcaldía, y de Rosa Martínez Zúñiga, del Instituto de la Mujer.
