Los precios máximos vigentes desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 3 de febrero de 2017 para las gasolinas y el diesel, junto con la metodología para su determinación, no tendrán un impacto directo en los ingresos de las entidades federativas, pero sí influirán en su gasto corriente, prevé Fitch Ratings.
El 27 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la metodología para la determinación de los precios máximos de las gasolinas y el diesel.
También dio a conocer que, a partir del 1 de enero de 2017, la cuota fija vigente para el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS, impuesto que forma parte de la Recaudación Federal Participable) estatal sobre gasolinas y el diesel será de 0.38 pesos por litro para la gasolina menor a 92 octanos, 0.4637 pesos por litro para la gasolina mayor o igual a 92 octanos y 0.3154 de pesos por litro para el diesel.
La agencia considera que los ingresos de las entidades no se impactarán directamente debido a que el IEPS, federal y estatal, sobre las gasolinas y el diésel no fue modificado y son una cuota fija por litro.
Sin embargo, el gasto corriente se afectaría ya que uno de los rubros de este tipo de gasto, para los gobiernos estatales, se relaciona con los materiales y suministros; entre ellos se incluye el gasto en combustibles.
La publicación reciente tanto de la metodología como los precios máximos de las gasolinas y el diésel, no abonan al proceso presupuestario de los estados y municipios. Las entidades someten sus presupuestos a aprobación ante sus Congresos locales durante los últimos dos meses de cada año.
La mayoría de las entidades no consideró un incremento de la magnitud anunciada por la SHCP en el costo de los combustibles al momento de elaborar sus presupuestos de egresos para el ejercicio de 2017. Por lo tanto, estará obligada a hacer ajustes en otras partidas presupuestales.
Además, para el caso de los estados, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios los obliga a lograr un Balance Presupuestario sostenible a partir de 2017. Redacción