Querétaro junto con Tamaulipas, Baja California y Tlaxcala son los estados en donde más se denuncian los delitos, de acuerdo con el documento de Seguridad Pública y Justicia 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estas entidades son también donde las personas continúan con la averiguación previa en mayor proporción.
De acuerdo con el documento “la posibilidad de que la investigación y persecución del delito sea exitosa depende en buena medida de la participación de la víctima, pues en la mayoría de los casos está situada en una posición inmejorable para ofrecer datos”.
El INEGI informó que los mecanismos de investigación, persecución y enjuiciamiento sólo se desenvuelven a partir de que la autoridad conoce de la posible comisión de un ilícito.
La denuncia por parte de la víctima no es un mero trámite burocrático, sino un acto legitimador de la autoridad, es decir, una actuación que indica que el denunciante ha depositado su confianza en el sistema penal para que imparta justicia.
“Entonces, es tanto por razones prácticas como filosóficas que la denuncia de la víctima es el tema más importante en la procuración e impartición de justicia. De esta manera, resulta fundamental reducir la diferencia entre los delitos que se cometen y los que se denuncian, comúnmente conocida como cifra negra”, dice el informe.
Además, informa que las denuncias en el país han aumentado progresivamente, tanto en el fuero común como en el federal. El promedio diario de delitos denunciados del fuero común aumentó 18% entre el 2005 y el 2009, mientras que en el federal incrementó 47%.
En cuanto a la distribución de denuncias entre los estados, las diferencias son notables. En el Estado de México, por ejemplo, sólo se denuncian 15% de los delitos totales mientras que en Tamaulipas se denuncian 43%.
Las razones para no denunciar son múltiples, pero pueden ser agrupadas alrededor de dos posiciones, en las que se aduce alguna incompetencia de la autoridad —pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles—; y desconfianza o actitud hostil de la autoridad.
Por otro lado, están las justificaciones externas a la autoridad y que están relacionadas con el delito o delincuente, como que el delito era de poca importancia, falta de pruebas o miedo al agresor.
“Las primeras son más importantes en términos de porcentaje de la población que las esgrime como motivo, y están directamente relacionadas con la confianza pública hacia las autoridades. Sin embargo, las segundas también tienen un componente reprobatorio hacia la actividad de las instituciones, pues implican que la ciudadanía desconfía de su capacidad para investigar y recabar pruebas, o para protegerlos del agresor si éste pretende tomar represalias en su contra”.
En Querétaro, durante el año 2012 la Procuraduría General de Justicia (PGJE) se presentaron 32 mil averiguaciones previas, las cuales en su mayoría fueron por daño patrimonial.