La directora general de la fundación Familias, Mujeres y Derechos Humanos, Cynthia Casarrubias, aseguró que aunque aún no se puede calificar al gobierno actual, en materia de seguridad, continúan las agresiones a los derechos fundamentales de las personas, ya que se ha contabilizado un total de 26 feminicidios y 600 personas desaparecidas, sumados a un clima de impunidad en favor de los agresores.
Estos casos se han registrado de 2015 a la fecha, por lo que la representante de dicha fundación comentó que debido a la incidencia de casos se ha solicitado una alerta de género en el estado; puntualizó que debido al “limbo jurídico”, algunos asesinatos de mujeres no han sido catalogados como feminicidios.
“Cuando sucedió el feminicidio número 21, las condiciones del cadáver encontrado presentaban tortura y las condiciones que la ley determina que se puede señalar feminicidio; sin embargo, debido al limbo jurídico que se tiene, no se ha podido considerar así”, por lo que las asociaciones civiles solicitan la activación de la alerta de género, sin embargo, eso no impidió que de presentaran más feminicidios, por lo que la cifra llegó a 26.
Cynthia Casarrubias destacó que algunos de los factores que motivan este tipo de conductas en el estado se centran en la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Afirmó que también existen causas generadas por el gobierno, como la impunidad y las facilidades que suelen tener los delincuentes para quedar impunes.
Al preguntarle si este gobierno ha tenido malos resultados en cuanto a la seguridad, la activista dijo que hasta el momento no se puede dar un criterio en la materia, pues que la adaptación entre un gobierno y lleva tiempo, aunque es un periodo en el que los ciudadanos “quedamos en el limbo”, además lamentó la postura de no reconocer las cifras de sociedades civiles.
Aunado a ello, lamentó que en el estado haya agresiones contra las personas que buscan defender los derechos humanos, como la actual situación de Aleida Quintana, quien ha recibido amenazas de muerte.
“Un gobierno que llega y en lo que los funcionarios retoman las cifras y el trabajo anterior, pues lleva tiempo y en ese tiempo es cuando los ciudadanos quedamos en el limbo. Y esta posición de no reconocer las cifras y además de poner en riesgo a los defensores de los derechos no es algo que se pueda considerar parte de seguridad o una parte de respeto a los derechos humanos”.
