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Familias de San Juan del Río denunciaron haber sido estafadas por la ex directora de Regularización de Predios, Lizeth Soto, quien en 2014 les cobró la gestión de escrituras sin informarles que sus viviendas se ubicaban en un terreno federal.
Este caso se suma a otros dos en los que la ahora ex funcionaria prometió tramitar escrituras a cambio de un pago de 5 mil pesos por casa, por concepto de gestión de documentos. Los depósitos se hicieron a la empresa Estrategia Sustentable y Jurídica cuya representante es Marlene Landaverde y quien descartó tener injerencia en los hechos.
En esta ocasión fueron habitantes de la comunidad de La Llave quienes exigieron a la ex funcionaria la devolución de su dinero que en 2014 depositaron a la empresa gestora de escrituras, con la promesa de obtener la certeza jurídica de sus propiedades.
Molestos por la falta de resultados en la regularización de sus viviendas, los habitantes sostuvieron un encuentro con Lizeth Soto, quien previamente les había prometido la devolución de su dinero. Al llegar la ex funcionaria a la casa ejidal, refirió a los inconformes estar imposibilitada a darles su dinero, por lo que molestos, los asistentes cerraron la puerta del inmueble para evitar que la ex directora de Regulación de Predios saliera.
Alejandrina Uribe y Francisco Mesa, habitantes inconformes, aseguraron que desde 2014, Soto les prometió iniciar el proceso de regulación de sus viviendas, pero nunca les informó que estas se encontraban en un terreno federal por lo que suponen esta fue la causa de que no hayan obtenido escrituras.
“Lizeth nos canalizó con Marlene Landaverde, representante de la empresa Estrategia Sustentable, el acuerdo era que le depositáramos a la cuenta de dicha empresa 5 mil pesos que equivalían a los gastos de gestión de las escrituras, ahora nos acabamos de enterar por autoridades municipales que el terreno es federal y pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y según no se puede regularizar”, dijo Alejandrina Uribe.
Un millón de pesos fue el recurso que aproximadamente depositaron los representantes de las 200 familias que habitan en el terreno federal de La Llave y que ahora exigen la devolución ante el retraso en la regulación de la zona. Horas más tarde, los habitantes permitieron que Lizeth Soto se retirara pero advirtieron que de no obtener su reembolso interpondrán una denuncia por lo que suponen se trata de un fraude.
Más antecedentes. Además de los habitantes de la Llave, han denunciado haber sido engañados por Lizet Soto familias de asentamientos irregulares como Los Rocíos y Doroteo Arango a quienes también se les prometió el trámite de sus escrituras a través de la empresa Estrategia Jurídica recomendada por Lizeth Soto.
En estos casos también se hicieron depósitos bancarios por 5 mil pesos aproximadamente, siendo cerca de 200 las familias que habitan en ambas zonas y que igualmente entregaron dinero para obtener certeza jurídica.
Para la pasada administración se inició el trámite de regulación de 15 asentamientos, de los que 11 quedaron concluidos pero aún no se entregan las escrituras a los solicitantes.
Al ser entrevistada, Lizeth Soto, descartó que exista algún tipo de fraude en el proceso de gestión de escrituras, ya que aseguró que se iniciaron los procesos correspondientes ante las instancias encargadas de dotar de certeza jurídica, sin que el retraso en los trámites represente un delito.
Asentamientos ubicados en La Llave, Palma de Romero, Prados de Cero Gordo y otras zonas en la cabecera municipal son los que han quedado pendientes de gestión, a decir de Lizeth Soto.
Defiende su postura. Soto aseguró que el predio de La Llave es factible de regularizar a pesar de que se trate de una propiedad federal, por ello calificó como falsos los señalamientos que los habitantes inconformes hicieron quienes la acusaron de defraudarlos.
“La licenciada Marlene Landaverde es quien debe dar respuesta sobre el dinero, ella les va a dar el día para hacerles la devolución de los depósitos… ellos están mintiendo, desconozco como estén acordando con Landaverde”.
A decir de la ex funcionaria, durante el periodo de gobierno 2012-2015 fueron tres empresas las que trabajaron con el municipio como gestoras de escrituras y títulos de propiedad ante la Secretaría de Gobernación y la Corett. Afirmó que dichas empresas fueron recomendadas por la coordinación de Asuntos Agrarios.
