En caso de que el municipio de Querétaro y los comerciantes de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) no lleguen a un acuerdo la próxima semana, la sentencia del juez federal deberá de acatarse y los ambulantes serán reinstalados en la Alameda Hidalgo, sostuvo César Tarello Leal, asesor jurídico de la organización.
Posterior a la resolución emitida por un juez federal y la prórroga solicitada por la autoridad municipal para acatarla, Tarello Leal advirtió que el municipio de Querétaro busca que se cumpla la sentencia con otras alternativas.
Sin embargo, afirmó que deberá ser el juez y no las autoridades municipales, quien autorice la reasignación de los comerciantes en otro espacio, como una forma alterna de cumplir con la orden judicial.
“El cumplimiento de la sentencia es que se entreguen los carritos en la Alameda. El municipio por ahí quiere dilatar esto para buscar alguna otra alternativa… Si no llegan a ninguna negociación la próxima semana, la sentencia dice que los carritos deberán de estar en la Alameda, esa es la manera en la que tienen que cumplir y no tienen que obligar a los quejosos [a instalarse] en otro lado”, sostuvo.
En este sentido, el abogado de los integrantes de la UCFCP señaló que como contraparte, buscarán defenderse para que la sentencia se cumpla tal como se dijo, es decir, que entreguen los carritos en el sitio donde fueron desalojados los comerciantes en junio del año pasado.
“A mí me parece, en lo personal, como contraparte, que lo que busca [el municipio] es la manera de decir, no puedo cumplir porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) me dice que no puedo, por el propio proyecto arquitectónico… Con ellos se trataría de promover este incidente, que retrasaría el cumplimiento de la sentencia hasta que el juzgado resolviera si procede o no procede”, explicó.
En este sentido, Tarello Leal lamentó que la autoridad capitalina propiciará un discurso que califica a los comerciantes como delincuentes, pues dijo, que con ello se ha provocado una separación entre los ciudadanos.
“Fue un discurso desafortunado, que desprecia la Constitución y lo está llevando a la práctica y es muy triste, porque está echando a pelear a la ciudadanía”, refirió.
Discrepancias.
El viernes pasado el alcalde, Marcos Aguilar Vega, aseguró que ya había sostenido un primer encuentro con el líder de la UCFCP, Pablo González Loyola.
Aguilar Vega, quien pidió tiempo para revelar los términos de la reunión, comentó que hay avances para que se alcance un acuerdo antes de que fenezca la prórroga otorgada por las autoridades judiciales para cumplir la sentencia el próximo martes.
Sin embargo, González Loyola dijo que aunque están dispuestos al diálogo, no ha existido acercamiento con las autoridades municipales. “La última vez que hablamos con el municipio fue en enero, cuando lo hicimos con el secretario de Gobierno, y en abril con el director de Gobernación”, expresó.
Al respecto, Tarello señaló que “técnicamente todavía es complejo lo que pueda pasar… Nosotros tendremos que defendernos para que la sentencia se cumpla como se dijo, es decir, que se entreguen los carros en la Alameda y los dejen operar por el tiempo que faltaba para su licencia, es decir, seis meses. Aquí es donde el municipio tiene que alegar bien la situación, porque si al final le dicen, no procede tu cumplimiento sustituto y tienes que cumplir ahí, a lo mejor ya vamos a estar llegando a diciembre o enero cuando esto se resuelva”.