En Colón se preparan cuatro denuncias más en contra de ex funcionarios, que laboraron durante la pasada administración, pues se advierte un daño al erario por 40 millones de pesos, informó Alejandro Ochoa Ávila, alcalde de esa demarcación.
Explicó que aún falta por revisar la cuenta pública correspondiente al primer semestre de 2014 y los dos semestres de 2015 y aseguró que no se trata de persecuciones políticas, únicamente se está actuando conforme a la ley para tratar de resarcir el daño a las finanzas municipales.
“Vienen cuatro (denuncias) más, nos falta la auditoría del primer semestre de 2014 y los semestres de 2015 con un monto mayor de 40 millones de pesos; tenemos una denuncia por irregularidades de 10.5 millones de pesos. Le estamos dando seguimiento a los que nos pide la Contraloría y la ESFE (Entidad Superior de Fiscalización) y estamos elementando todo, no es un tema personal, no es un tema en contra de un partido político; que quede claro que fue un daño al erario público y lo que queremos es que se dé seguimiento a esas observaciones”.
Advirtió que buscarán que las sanciones sean resarcitorias “para que los acusados devuelvan lo que se llevaron”.
César Zafra Urbina, secretario de gobierno municipal, recordó que los ex alcaldes de Colón, de las últimas dos administraciones, han sido sancionados por el ayuntamiento tras encontrar diversas irregularidades.
En el caso de la administración 2009-2012 se detectaron anomalías en el uso de recursos públicos del ex edil, Víctor Alonso Moreno, quien tendrá que devolver al municipio 3 millones 128 mil 984 pesos, además de una inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 10 años. También se sancionó al ex tesorero quien tendrá que resarcir un monto de 115 mil 768 pesos.
En lo que respecta a la administración 2012-2015 se han detectado anomalías a la cuenta pública por un monto de 60 millones de pesos, por lo que el ayuntamiento determinó denunciar ante la Fiscalía General del estado al ex alcalde Alejandro Arteaga y otros ex funcionarios por los supuestos delitos de ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular, negociaciones ilícitas, peculado y fraude.
Entre las anomalías detectadas figuran gastos sin comprobar de regidores, pagos adicionales y haber alterado comprobaciones por concepto de prerrogativas, por lo que se inició una investigación.