Transporte público adaptado, educación e inclusión laboral son los tres requerimientos de las personas que viven con alguna discapacidad, afirmó la activista social, Lídice Rincón Gallardo.
“Para que la población que tiene alguna discapacidad, o incluso multidiscapacidad, tendría que hacerse un programa que tuviera que ver con la inclusión en desarrollo social, tiene que ver con trabajo de manera básica”, indicó.
Aseveró que se debe de empezar a trabajar en la accesibilidad en las escuelas, que no sólo es haciendo rampas y puertas más anchas, sino que los menores puedan acudir a una institución regular y no sólo a las escuelas especiales.
“De igual manera se tiene que lograr el ingreso a los centros laborales, las empresas deberán tener suficiente sensibilidad para generar condiciones que tengan que ver con la accesibilidad en comunicación, que se generen condiciones dignas de trabajo, y eviten con ello la deserción laboral”, precisó la activista.
Sostuvo que la legislación en el rubro es de avanzada, pero hace falta llevarla a la praxis para que puedan cumplir con su objetivo.
Comentó que las calles de la ciudad siempre serán complicadas para la movilidad de las personas con discapacidad, pues las calles no están hechas para ellas, a pesar de que se han logrado avances en la infraestructura urbana, pero el punto esencial es la cultura de la inclusión, y de conciencia de las autoridades, para generar condiciones de igualdad.
“De nada nos sirve a nosotros hacer campañas de difusión, para que se genere el respeto y la tolerancia hacia las personas que tienen alguna discapacidad, o de personas distintas, si no se aplica un presupuesto, si no hay una asignación presupuestal que permita avances en materia de inclusión. Es muy bonito generar un discurso con una retórica buena, pero hace falta una asignación presupuestal para que se puedan ver y sentir los avances”, precisó.
Puso como ejemplo el transporte público, donde se debe de hacer una inversión, pues si se recortan ingresos al gasto social, será complicado, pues es necesaria la inversión en ese rubro para aterrizar las políticas que tengan que ver con políticas compensatorias, y tener una real inclusión social.
Subrayó que lo ideal es ver de una manera normal a todas las personas, de tal forma que ver a alguien con discapacidad sea algo normal.
Agregó que aún es pronto para ver si por parte de las autoridades locales habrá sensibilidad para los grupos vulnerables y si se destinarán para los mismos recursos, por lo que la misma sociedad civil deberá estar pendiente de que se cumpla con ello.
“Deberá estar vigilante de cómo se asignan los recursos para que el gasto social, en lugar de que se reduzca se pueda incrementar, para que la gente pueda ser atendida como debe de ser”, precisó.
Lídice Rincón Gallardo recordó que de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010 en el estado de Querétaro hay alrededor de 26 mil personas con discapacidad, pero consideró que hay una cifra que no se revela por pena por parte de las familias, además de que son muy inexactos, además de haber pasado cinco años de su realización, por lo que sería necesario que las autoridades del estado realizaran un nuevo censo.