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El municipio de San Juan del Río mantiene pendientes cinco demandas iniciadas por igual número de proveedores en las dos últimas administraciones municipales ante la falta de pago por presuntos bienes y servicios brindados.
El regidor síndico Rafael Camacho Camacho confirmó que siguen en proceso dichas demandas; cada proveedor solicita pagos por un promedio de 5 millones de pesos, aunque aseguró que los procedimientos son improcedentes al no coincidir el servicio prestado con el establecido en las facturas pendientes por pagar.
“Tenemos demandas interpuestas por proveedores por prestaciones de servicios realizados en administraciones pasadas, incluso desde el periodo de gobierno de Jorge Rivadeneyra Díaz”, detalló.
Entre los demandantes se encuentra un prestador de servicio de publicidad que, a decir del regidor, ha solicitado el pago por lonas y anuncios colocados en el centro expositor en una de las ferias realizadas durante el gobierno de Rivadeneyra Díaz, pero en este caso el demandante no ha podido comprobar el servicio brindado.
Otra de las demandas que enfrenta el municipio fue interpuesta por una empresa que habría prestado el servicio de cobranza de predial en el gobierno de Rivadeneyra Díaz, explicó el regidor. Los representantes de esta empresa aseguraron haber realizado notificaciones domiciliarias a contribuyentes morosos, pero no se ha podido comprobar dicho servicio.
En estas mismas condiciones se encuentran el resto de las demandas de pago de proveedores, según Rafael Camacho, quien insistió que los procedimientos de adquisiciones no corresponden a lo facturado, y no hay manera de comprobar que tales proveedores brindaron sus servicio en los anteriores periodos de gobierno.
“Hay inconsistencias en esta prestación de servicios porque los bienes y servicios que presuntamente brindaron estos proveedores no coinciden con sus giros, por eso es que el municipio no está en posibilidades de pagar, además estaríamos incurriendo también en irregularidad por pagar un servicio no comprobado”, agregó.
Camacho Camacho dijo que en otros casos, lo servicios brindados por los proveedores demandantes no fueron autorizados por los comités de adquisiciones, por lo que no hay manera de comprobar que, efectivamente, se realizaron las compras correspondientes en las dos pasadas administraciones.
Según el secretario de Administración, Carlos Olguín, se tiene un adeudo de más de 70 millones de pesos con proveedores de servicios prestados en las dos últimas administraciones. Para el siguiente ejercicio fiscal se busca etiquetar un recurso no mayor a los 15 millones de pesos para saldar los menos significativos.
Rafael Camacho confió en que las demandas sean improcedentes.
