A las observaciones registradas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) al municipio de Corregidora —sobre la inversión de casi 5 millones de pesos en la compra de licencias de software de seguridad en voz y dato de grado militar punto a punto—, el gobernador José Calzada Rovirosa señaló que será importante que las instancias investiguen lo que se compró y que sea la auditoría la que emita su opinión al respecto.
“Es importante que las instancias indaguen qué fue lo que se compró y que al final del camino la auditoría emita su opinión respecto a ello y el propio congreso”.
Ante la importancia de que el gobierno de Corregidora pudiera haber reportado dicha compra a las instancias de justicias en el estado, el mandatario asentó que hubiera sido positivo que se les informara, pues dijo desconocer los detalles y alcances que se tuvieron con este equipo.
“Honestamente, la profundidad y el alcance de esta adquisición y lo que haya hecho con este equipo, con este software, hay que preguntarles también a las instancias federales quienes prácticamente tienen una opinión y facultades al respecto”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Septién Olivares, comentó que si bien no se debe informar al poder judicial, es obligación de cada entidad reportar las compras y asumir sus responsabilidades en caso de no haberlo hecho.
“Independientemente del rubro que vaya dirigido (la compra del software) seguridad pública, infraestructura etcétera, tiene que estar perfectamente señalado dentro del presupuesto anual”, recalcó.
Septién Olivares afirmó que se tendrá que recurrir a su propia legislación aplicable para verificar el tipo de castigo por no haber reportado la compra y a la sanción administrativa que emita el congreso local.
El alcalde de Corregidora, Antonio Zapata, aseguró que la observación que realizó la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) al municipio por la compra (no licitada) de un software en materia de seguridad, ya fue solventada desde el pasado 20 de enero. Sin embargo, no fue aceptada por la entidad.
El edil refirió que al ser una situación en materia de seguridad, esta tiene que mantenerse en secrecía en cuanto al uso y costo de este material; esto aunado a que es parte de la guerra sucia proveniente del PRI y de gobierno del estado en contra de las administraciones panistas y de su gestión en particular.
Recordó que esta observación que realizó la ESFE es la 22, por lo cual una vez que el municipio tuvo conocimiento de ella, el 20 de enero se solventó ante la entidad, la cual notificó que a su consideración se tenía que haber licitado la compra.
El munícipe rechazó que este software haya sido adquirido a sobreprecio (una observación que realizó la entidad), al mismo tiempo que, dijo, no se adquirió para espionaje, sino para “blindar” archivos.