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América Vizcaíno Sahagún, bióloga y ambientalista queretana, pidió a las autoridades correspondientes que aclaren los pormenores del porqué se detuvo el proceso de declaratoria como Área Natural Protegida a la superficie conocida como Peña Colorada.
Luego de conocer que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) dio el “sí” a la petición de gobierno del estado, para suspender el proceso de declaratoria, la ambientalista afirmó que los intereses de desarrolladores inmobiliarios es la causa por la que se frenó tal proyecto.
“(…) los afectados directos serían los desarrolladores de vivienda; de ahí surge la presión contra el decreto”, afirmó Vizcaíno Sahagún.
En su momento, diversos ejidatarios de la zona argumentaron verse afectados por la declaratoria, porque ya no podrían hacer uso de sus tierras para labores de agricultura y ganadería.
Para ello, con varias manifestaciones sociales en Plaza de Armas solicitaron al gobierno del estado frenar dicho proyecto.
Sin embargo, en respuesta a estas demostraciones, recordó América Vizcaíno, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) explicaron que la declaratoria de Área Natural Protegida no implicaría afectación a las actividades del campo, ya que no se trataba de una expropiación, sino de protección a la tierra.
“El decreto, según explicó Sedesu del estado, no es un decreto expropiatorio, los ejidatarios pueden continuar con sus actividades: agricultura y ganadería, sólo que con un plan de manejo para reducir impactos ambientales”, manifestó la ambientalista local.
“Sedesu del estado también informó que pueden comprar y vender sus tierras, la situación es que los inversionistas probablemente ya hicieron contratos privados con muchos ejidatarios y aunque las tierras probablemente muchas ya sean de los inversionistas, el decreto sí impediría la urbanización”, agregó Vizcaíno Sahagún.
Por estas razones, los grupos de ambientalistas piden a la federación y al estado que aclaren cuáles son los conflictos “socio-políticos” que los orilló a dar “marcha atrás” en el proceso.
“Sería interesante solicitar a la Conanp y a Sedesu del estado el expediente al que hacen referencia, así como la descripción del contexto sociopolítico mencionado en la respuesta que les hicieron determinar la suspensión del proceso de declaratoria”, precisó la también bióloga en el estado.
La razón de este retroceso, alude, es la venta de tierras que muchos ejidatarios querían hacer o que, probablemente, ya habían hecho a empresas inmobiliarias.
“Es lamentable lo que sucedió. La Comisión de Áreas Naturales Protegidas en el documento no especifica porqué no están dadas las condiciones sociales, hubo muchas presiones inmobiliarias sobre el decreto, hubo manifestaciones de los ejidatarios, todos quieren venderles para urbanizar”, finalizó Vizcaíno Sahagún.
