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Como resultado del Programa Nacional de Excarcelación de Presos Indígenas, este año se han liberado 28 indígenas que estaban encarcelados por delitos menores y que contaban con derecho a fianza; así lo informó Aurelio Cigala, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, señaló, aún permanecen en la cárcel muchos indígenas por haber cometido delitos menores.
“En este año se ha liberado a 28 indígenas de la cárcel; estaban presos por delitos menores, así que tenían derecho a fianza. Sin embargo, si no fuera así, hay indígenas en la cárcel por delitos menores, como robo de 3 mil pesos, robo de un borrego y hasta por no contar con la solvencia para pagar una fianza de 3 mil o 4 mil pesos están en la cárcel”, señaló.
En este sentido, el delegado recordó que actualmente existen en el estado, 16 intérpretes que tienen la función de asesorar a los indígenas que están en medio de un proceso penal. Afirmó que estos especialistas cuentan con los conocimientos necesarios para actuar como defensores.
“Contamos con un grupo de indígenas certificados como intérpretes y traductores. Estos 16 que estuvieron trabajando en un proceso de capacitación, en un seminario que tiene que ver con todos los elementos y técnicas básicas para actuar como defensores, pero específicamente como intérpretes”, explicó.
El funcionario federal indicó que del total de índígenas que laboran como traductores, sólo cinco son abogados, por lo que se buscará que en un futuro todos tengan al menos la licenciatura en derecho para que tengan mayor dominio de estos asuntos penales.
“Varios de estos intérpretes, por lo menos cinco, son abogados. Lo que buscaríamos es que todos sean abogados y los que no, que tengan nivel de preparatoria y que cuenten con los conocimientos básicos para interpretar en juicio”, explicó.
Aurelio Cigala añadió que el Programa Nacional de Excarcelación de Presos Indígenas es una iniciativa desarrollada por la CDI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Procuraduría General del Estado (PGJ) con la intención de garantizar el derecho a la justicia de los indígenas que estén en medio de un proceso acusatorio.
Con base en la población indígena que hay registrada en el estado de Querétaro, el delegado, consideró que la cantidad de intérpretes es la adecuada para atender el total de casos que existen al momento.
“De acuerdo a la población indígena que tenemos, creemos que esa cantidad es suficiente. En todo el país se está impulsando este programa y para el caso de Querétaro, 16 es suficiente por el número de casos penales. De los 16 intérpretes, no todos a la fecha se han ocupado. Hemos tenido en este año por lo menos unos 10 casos que nos han solicitado un intérprete o un traductor y entonces se ha acudido”, puntualizó.
