Despachos jurídicos queretanos han estafado a campesinos cobrándoles 60 mil pesos por realizar trámites de regulación y venta de predios, cuyos procedimientos son gratuitos al iniciarlos ante el Registro Agrario Nacional, alertó Reginaldo Rivera de la Torre, delegado de la Procuraduría Agraria.
Luego de acudir al evento de levantamiento de testamentos agrarios en San Juan del Río, el delegado de la Procuraduría Agraria detalló que los coyotes operan principalmente en este municipio, así como en Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Corregidora, Querétaro y El Marqués, demarcaciones donde el valor de los terrenos ha incrementado debido a su vocación industrial y su crecimiento urbano.
“Los visitadores de la Procuraduría Agraria nos han reportado que en la zona conurbana hay personas que cobran hasta 60 mil pesos por regularizar solares urbanos, que se encuentran en parcelas o en uso común y hay forma de hacer las cosas, si se requiere de un trabajo técnico, pero para eso nosotros podemos asesorar a los propietarios sin costo, o acercando servicios que no cuestan más de 3 mil pesos”.
La presencia de despachos jurídicos en zonas ejidales ha incrementado en los últimos cuatro meses, de acuerdo con las denuncias dadas a conocer a la Procuraduría Agraria.
La entidad cuenta con 80 mil ejidatarios y de estos sólo 60% cuenta con testamentos que les confieren certeza jurídica de sus terrenos; este rezago ha destinado el número de juicios que además no son bien representados por los abogados, algunos llegan a cobrar de manera ilegalmente por realizar procedimientos que debieran ser gratuitos, reconoció Reginaldo Rivera.
El delegado alertó también la presencia de despachos de topógrafos que en contubernio con los abogados se han presentado en los 56 núcleos agrarios existentes en el estado para cobrar por servicios que la procuraduría Agraria brinda gratis.
“Hay despachos topográficos que junto con abogados cobran hasta 60 mil pesos por estos procedimientos, sabemos que si es necesario que un topógrafo intervenga para delimitar los terrenos, pero estos servicios no tienen un costo mayor a los 5 mil pesos”, agregó.
Reginaldo Rivera aseguró que durante los dos sexenios panistas, el tema de la legalidad sobre los terrenos agrícolas pasó a segundo término, por lo que las dependencias encargadas de atender al sector prácticamente dejaron de operar. “En este tiempo se cerraron las oficinas generales de las organizaciones campesinas, los ejidatarios y gente del campo no tenía manera de ser atendidos para tener certeza sobre sus terrenos, por ello es que el rezago en la materia ha incrementado”, explicó.
El rezago en la regulación territorial ha provocado un incremento en los intentos de estafas de despachos jurídicos hacia los ejidatarios y propietarios de terrenos agrícolas en general.
El delegado de la Procuraduría Agraria llamó a ejidatarios, a asociaciones de colonos y propietarios de predios irregulares a acercarse a la dependencia a su cargo para denunciar a los seudo-promotores que explotan a personas asentadas en tierras ejidales, principalmente.
La Procuraduría Agraria cuenta en el estado con cinco abogados que brindan asesorías a los habitantes del campo que necesiten tramitar documentaciones referentes a sus predios. A través de la Unión de Ejidos de San Juan del Río se proporciona atención cada martes y jueves, mediante la asistencia de visitadores de la institución.
Para este año, la Procuraduría prevé generar más de mil testamentos en favor de la población del campo con visión a largo plazo de triplicar el número de documentos al término de la administración presente.