Más beneficios que dificultades brindará el Código Nacional de Procedimientos Penales único promulgado el pasado martes por el Presidente de la República, explicó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Manuel Septién Olivares.
A 24 días de la aprobación en el Congreso y una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal y los estados tendrán un plazo no mayor a 260 días naturales para publicar las reformas a leyes locales y demás normatividad complementaria necesarias para su aplicación.
Con dicho ordenamiento, también inicia la instrumentación del nuevo sistema penal acusatorio, aprobado en la Constitución desde 2008, el cual aplicará para delitos de tipo federal y del fuero común, y se le conoce como Código Único.
De acuerdo con los artículos transitorios, el Código Nacional de Procedimientos Penales entrará en vigor a nivel federal gradualmente, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016 como plazo límite; en el estado de Querétaro se aprobó el cambio en el Código Penal en 2012, por lo que la aplicación paulatina tiene un plazo límite en 2015.
“Un código único que se aplique a todos los estados nos beneficia a todos como ciudadanos, nos da certeza jurídica, nos da uniformidad de criterios y eso impacta en la celeridad que se le den a los juicios, además es el comienzo del nuevo sistema de justicia penal que nos va a permear a todos los ciudadanos, porque tenemos un solo criterio unificador, la misma Corte se va a unificar en criterios únicos, y deja beneficios primero a los justiciables y a los jueces nos crea certeza en los criterios que acatemos de la Suprema Corte”, explicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Septién Olivares.
Este nuevo código penal único se basa en la presunción de inocencia, además de privilegiar la reparación del daño, primero por parte del enjuiciado, y después por parte del estado que administrará un fideicomiso para realizar este pago dependiendo de cada uno de los casos de forma particular.
“Esto es muy importante porque el nuevo código contempla un fondo económico a cargo del estado para resarcir el daño en beneficio de las víctimas, primero los obligados son los culpables, si no se puede reparar de esa manera el estado encontrará la forma de repararlo por la vía legal o psicológica”, afirmó el presidente del TSJEQ.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulación de los juicios orales, los cuales se llevarán a cabo en audiencias públicas para que tanto las partes en conflicto como el público en general puedan presenciarlas, añadió.
El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, así como los de las 31 entidades federativas, quedarán abrogados.