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Agremiados a la Federación de Comerciantes Locatarios, Establecidos y Prestadores de Servicios (Fecopse) solicitan al gobierno municipal de Querétaro apoyo para impulsar proyectos que les permitan desarrollar su actividad y con ello propuestas que den solución a la problemática de enfrentamiento entre comerciantes e inspectores.
De acuerdo con la líder de la organización, Rocío Alvarado, los comerciantes que se dedican a esta actividad dentro del municipio, se encuentran en desventaja, al no contar el ayuntamiento con un marco legal que garantice que esta actividad se realice de manera ordenada y legal.
“Solicitamos al gobierno municipal su apoyo para impulsar proyectos, pedimos ser escuchados para que juntos diseñemos propuestas de solución a la problemática que aqueja a cientos de familias que viven de los del comercio popular”, refirió.
Anunció una serie de acciones que implementará la organización para solicitar al gobierno municipal su respaldo para dignificar dicha actividad comercial, entre estas, la entrega de un pliego petitorio al alcalde capitalino, Marcos Aguilar Vega.
Dicho documento, indicó la dirigente, representa la defensa de los derechos de los comerciantes en la vía publica, tal y como lo establece la Constitución, al destacar que desde el inicio de la administración éstos han sufrido constantes decomisos por el área de inspección.
“Los comerciantes tienen que lidiar con una dirección de inspección que es juez y parte, y que por la carente normatividad termina siendo un espacio administrativo, en el que se abusa del ciudadano y se fomenta la corrupción, incluso con la necesidad de interponer un amparo colectivo por parte de los comerciantes afectados para frenar esta práctica”, señaló.
Rocío Alvarado indicó que es urgente que los regidores del municipio de Querétaro modifiquen el reglamento en materia de comercio, esto aunado a la creación de una dirección municipal de comercio con jefaturas en cada delegación, peticiones que formaran parte de este pliego petitorio.
De igual forma, solicitan la cancelación de las prácticas de decomiso, al considerar estos actos, una medida violatoria de derecho del ejercicio del comercio en vía pública; así como la solución en la autorización de licencias y permisos para la venta de productos.
“Pedimos indemnización de daños y perjuicios a favor de los comerciantes afectados, apertura de nuevos tianguis en el municipio, creación de nuevos sitios para el ejercicio del comercio, creación de un fondo de pensión destinado para los comerciantes y el fomento de becas escolares dirigido al pequeño comercio”, puntualizó.
