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Necesario que las autoridades encargadas de impartir justicia recibieran capacitación de expertos en el tema de abuso sexual en contra de menores, manifestó la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa. Esto después de que diversas asociaciones civiles señalaran que existe mucho desconocimiento de las autoridades para abordar estos temas.
“Claro que sí [estarían dispuestos a recibir capacitación]. Yo creo que nada sobra y en esos temas todo es bienvenido y más en el tema de menores de edad, porque lo que queremos es impartir justicia de manera eficaz y efectiva y eso implica muchas cosas. Sería bienvenido que expertos en el trato con menores de edad nos compartieran sus posturas, sus opiniones o lo que se hace en otros lugares”.
Señaló que a pesar de que existen tratados internacionales, leyes y protocolos de actuación en casos de abuso sexual en contra de menores de edad, no está de más tener la asesoría de los expertos en esta materia.
“Las leyes y los protocolos nos lo dicen pero no estaría de más. A veces podemos leer la ley pero no es lo mismo que alguien venga, nos prepare y nos capacite. Claro que estamos abiertos a esa posibilidad”, reiteró la magistrada.
Indicó que los asuntos relacionados con los delitos sexuales son muy complicados de tratar y aceptó que en varios casos ha fallado la decisión de los jueces ya que señaló que ha faltado cierta sensibilidad para abordar a las víctimas y a los inculpados, sin embargo, subrayó que no se puede generalizar:
“Me parece que se está partiendo de una falsa generalización. Sí reconocemos que hay casos en donde ha fallado esa sensibilidad que se debe de tener como juzgador y a veces también el escaso o poco conocimiento que se tenga en relación a las normas que se deben de observar en el trato con menores de edad”.
Dijo que contrario a lo que pasaba con el anterior sistema de justicia mixto —el cual era muy formalista— la entrada del nuevo Sistema de Justicia Acusatorio evitará “revictimizar” a los niños que hayan sufrido de abuso sexual, ya que eran sometidos a múltiples interrogatorios, lo que muchas veces afectaba el proceso de investigación.
“El sistema tradicional mixto era muy formalista, era de mucho rigor, era de mucho detallito y a veces, si el niño no nos daba muchos detalles de la conducta, entonces el juez dudaba y no se reunían los elementos que soportaran una sentencia. A los niños se les revictimizaba porque iban a declarar con el Ministerio Público, después los mandaban a una ampliación de declaración, los mandaban con el médico, con el psicólogo, con el trabajador social a que hicieran sus dictámenes y pues eso estaba muy mal, pero era algo que sí se nos exigía por parte del sistema tradicional de justicia”.
La magistrada subrayó que con el nuevo esquema de impartición de justicia, la presencia del juez en todos los casos favorecerá considerablemente en la toma final de decisiones y en las sentencias. Refirió que el código penal considera varias clases de delitos sexuales. Dijo que la más grave es la violación, la corrupción, así como los abusos deshonestos, que consisten básicamente en la realización de tocamientos con intenciones sexuales y resaltó que cuando esta conducta es realizada en perjuicio de los niños, las penas o sanciones se agravan:
“Cuando la conducta se ejecuta en contra de menores de edad las penas se agravan. El abuso deshonesto tiene una pena máxima de tres años, pero cuando es hacia niños se agrava a siete años y si es violación las penas podrían alcanzar hasta 20 años de prisión”.
La magistrada hizo un llamado a los padres de familia para evitar que se den casos de abuso sexual en contra de los menores. Dijo que es necesario que se creen vínculos sólidos de confianza entre padres e hijos para detectar inmediatamente si existe alguna situación de este tipo.
Asimismo, manifestó que es importante que las autoridades realicen campañas que alerten y prevengan el delito de abuso sexual contra los infantes, especialmente en las escuelas.
Diputados buscarán agravar las sanciones
Por otra parte, el diputado panista, Luis Antonio Rangel Méndez, presidente de la Junta de la Comisión de Procuración de Justicia de la 58 Legislatura anunció que en los próximos días ingresará una iniciativa de ley que agrave las penas de cárcel en contra de las personas que se les declare culpables de los delitos de violación o abusos deshonestos.
Dijo que la iniciativa fue proporcionada por parte de la asociación Civil Vida Plena I.A.P., que opera el programa Corazones Mágicos, el cual atiende a menores que han sufrido de abuso sexual. Explicó que la iniciativa es analizada por parte de los legisladores y confió que pueda ser aprobada en el Pleno. “Básicamente es un tema de penalidades. Los tipos legales están prácticamente ya contemplados en el Código Penal. Estamos haciendo un último análisis para ver si conviene hacer una modificación a la redacción del texto pero básicamente la iniciativa tiene que ver con agravar el delito para que quienes sean consignados ante el juez, no puedan pagar una fianza que les permita salir y enfrentar su juicio en libertad”.
Otro de los objetivos de la iniciativa es proteger a los niños y que aquellos que se vean afectados por un delito de esta naturaleza tengan un procedimiento acorde con su edad, que sea sencillo y que tenga sanciones severas, apuntó.
