La petición de frenar el proceso para proteger el punto conocido como Peña Colorada se debió a que el gobierno del estado privilegió la gobernabilidad y la paz social, ello ante el desacuerdo de los ejidatarios de la zona que son dueños de 80% de ese territorio, apuntó Juan Carlos Espinosa Larracoechea, subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno.
A decir del funcionaria estatal, la segunda etapa del proceso de declaratoria como Área Natural Protegida para Peña Colarada consistió en hacer una consulta ciudadana, en donde no se logró llegar a acuerdos con los 740 ejidatarios del lugar.
Esta situación se externó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que, finalmente, determinó suspender todo trabajo encaminado a declarar el área como protegida. Y es que en un escrito enviado por Espinosa Larracoechea a esta instancia federal, se describió la prevalencia de un “entorno social negativo”.
“Al momento que mandamos la solicitud, yo como responsable de la parte social y de la parte de la gobernabilidad, emito una opinión. Se la envío a la Conanp y le explico cuáles son las condiciones que estamos viendo en el caso de Querétaro”, precisó Espinosa Larracocechea.
En ese entendido, precisó que los funcionarios de Desarrollo Político y Social “describimos qué es lo está influyendo, y damos una referencia de todas las reuniones que hemos tenido y cómo está toda la situación social. Nuestra función principal es conservar la gobernabilidad y, a final de cuentas, esa es la parte que nosotros hemos estado velando”.
El funcionario dio cuenta que hubo sinnúmero de reuniones de los ejidatarios con autoridades estatales, en donde participó, en alguna ocasión, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, y el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa.
“En todas estas reuniones, los ejidatarios manejaron su oposición férrea para parte del proceso. Como parte de la conclusión de este proyecto yo emito un oficio a México, a la Conanp, informando cuál era la parte social que estaba dándose en el caso de Querétaro, principalmente con los ejidos y ejidatarios, partir de ello se genera este oficio”, advirtió el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Segob.
Asimismo, Espinosa Larracoechea menciona que es en este proceso en el que los ejidatarios “empiezan a endurecer más su postura, la cual es muy firme y entramos nosotros en un proceso de concertación social con ellos, buscando privilegiar la paz social y la gobernabilidad en el estado”.
El estudio técnico, que fue un primer paso, permitió determinar la existencia de condiciones positivas para proteger Peña Colorada, que consta de una superficie de cuatro mil 983.97 hectáreas; con ello, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y la Sombra de Arteaga la intención de comenzar el proceso de protección, después se pasa a la parte social.
De las más de cuatro mil hectáreas, 80% pertenece a los 740 ejidatarios (800 familias) agrupados en nueve ejidos: tres de ellos del municipio de El Marqués y seis en el municipio de Querétaro. De la superficie total de Peña Colorada, 68.69% está en la capital y 31.31% en El Marqués.
El subsecretario explicó que en todo momento se puso sobre la mesa diversas opciones con la finalidad de que los ejidatarios pudieran aprovechar sus tierras sin afectar el uso de suelo, sin embargo, ninguna de las opciones fue aceptada.