Sólo 12% de los comercios de la capital son irregulares, pues no cumplen con el refrendo de licencia de funcionamiento y, en algunos casos, con el reglamento de protección civil, informó Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro.

De acuerdo con los datos del edil, de los 33 mil comercios que hay en padrón municipal, 7 mil 500 (cuya representación real es 22.7%) son los que están en condición de irregular.

“Tenemos un padrón de 33 mil licencias, 12% no ha cumplido con el refrendo correspondiente […] 12% que son cerca 7 mil 500 estarían en el supuesto de clausura; sin embargo, estamos haciendo la invitación para que cumplan con su obligación”.

Expresó que la autoridad está trabajando, desde el inicio de la administración, en visitar establecimientos, verificar su condición legal e invitar —a quienes no cumplan— a que hagan el trámite correspondiente.

En las revisiones participa la Secretaría de Desarrollo Económica, dependencia que tiene el padrón, con ejecución por parte de la Dirección de Inspección y la Unidad Municipal de Protección Civil, ambas dependencias a cargo de la Secretaría de Gobierno.

“Nos hemos dado a la tarea de emprender dos acciones: la primera que es preventiva, principalmente en plazas comerciales, en donde se les invita que cumplan con el refrendo que implica un pago de licencia de 226 pesos y cumplir con las reglas que establece Protección Civil”, indicó.

El objetivo, afirmó, no es sancionar, sino garantizar que los negocios cumplan con las medidas de protección civil, que implica dar seguridad a los clientes y a los propios trabajadores.

“Insisto que lo más importante es que cualquier persona que acuda a cualquier establecimiento tenga la garantía de seguridad e integridad, el caso contrario podría representar una escena de riesgo que no queremos en Querétaro”, dijo el edil.

La Dirección de Inspección sanciona con la clausura de los comercios cuando no cuentan con licencia de funcionamiento actualizada, que es negada en caso de que incumplan —como uno de los requisitos— con el reglamento de Protección Civil.

Después de la sanción de clausura, se aplican multas, que dependen de la gravedad de la falta y que pueden alcanzar los 300 mil pesos.

El objetivo es “evitar la informalidad, que causa una gran afectación a la ciudadanía”, en el 100% de los comercios que operan en la ciudad, concluyó el presidente municipal.

Trabajo con Canirac. Uno de los aliados que tiene el municipio, afirmó el alcalde, es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), que reporta que entre 60 y 70% de los negocios de comida en el estado están en condiciones de informalidad.

En lo que respecta a la Canirac, su presidente Sergio Salmón Franz recordó que al ser un ente establecido, se garantiza el cumplimiento de todo los que estipulan los reglamentos en los municipios, de ahí la invitación a que se acerquen a la cámara y los micro y pequeños empresarios no sólo formalicen su negocio, sino accedan a cursos de capacitación.

Por su naturaleza, recordó el empresario, los negocios de comida son los que más fáciles de abrir, siendo también un área de “muchos vaivenes” y quiebres constantes por la falta de visión, que tiene como una de sus consecuencias la ilegalidad.

“Es una actividad económica que tiene muchos vaivenes, cinco de cada 10 no llegan ni al primer año, pero eso se debe a malos estudios y a no comprender los lugares en que se ubican y cuáles son las expectativas de ciertos mercados”, refirió.

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