En conferencia de prensa, la Asociación Ambientalistas del Estado de Querétaro, integrada por América Vizcaíno, Pamela Siurob, Ivonne Vandempereboom, Israel Chávez y Emilio Vasconcelos, entre otros, se manifestó en contra de detener el proceso para decretar a Peña Colorada y al Parque Nacional El Cimatario como zonas ecológicas protegidas.
Cuando los ambientalistas terminaban su exposición, el señor José Jacob Sánchez, quien dijo ser representante de los ejidatarios de la zona de Peña Colorada, interrumpió la conferencia para pedir que tomaran en cuenta su postura, que era de respeto a sus derechos como ejidatarios y de llevar un equilibrio entre la protección al ambiente y el conservar su patrimonio.
En este sentido, la Asociación dijo estar de acuerdo con ellos y propusieron iniciar unas mesas de trabajo, donde se privilegie el respeto a los recursos naturales, se les ofrezcan incentivos o contra prestaciones a los dueños de las tierras para que no resulten afectados.
Emilio Vasconcelos lamentó la decisión gubernamental de detener el proceso de declaratoria de reserva ambiental, fundamentándolo con problemas sociales y negativa por parte de los ejidatarios.
“El tema del decreto de Peña Colorada ha sido un largo proceso de trabajos que encabezó la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Lamentamos esta declaración sin sustento, en la que argumentaron un impacto social negativo”
Agregó que a diferencia de la propiedad privada, en materia ejidal no aplica la expropiación, por lo que este argumento de la inconformidad social está detenido con alfileres.
“A lo largo del tiempo hemos visto que el cambio de uso de suelo es muy endeble y en cualquier momento, depende el criterio de las autoridades se pueden otorgar y sería un atentado que se den los cambios de uso de suelo en esta zona. Por eso la importancia de protegerla”, afirmó Vasconcelos.
Posteriormente los ambientalistas acudieron a la Secretaría de Gobierno a entregar un documento, donde piden reconsiderar el tema, y se plasman las preocupaciones y análisis de los especialistas.
Ejidatarios piden procesos transparentes. José Jacob Sánchez Bárcenas vio positivo el freno del proceso, pero aclaró que la negativa fue porque los procedimientos no fueron los adecuados, se violentaban sus derechos, no fueron tomados en cuenta y no había garantías sobre su patrimonio.
Aclaró que las tierras no están vendidas y buscan garantizar que se mantendrá un uso de suelo a favor del medio ambiente; afirmaron tener proyectos productivos que les permitirán generar economía, pero reconocen que no hay respaldo del gobierno.
“No estamos de acuerdo con el procedimiento que utilizaron en el estudio justificativo, a nosotros a los propietarios no nos consultaron en ningún momento sobre este proyecto y no es verdad que se hayan vendido las tierras, siguen perteneciendo a nosotros, a los ejidatarios” precisó.
Informaron que la zona que habitan sí es compatible con el desarrollo de proyectos, y no como se afirmó en unos estudios que les fueron presentados, en donde se expone que sus tierras no sirven (algunas de ellas) para actividades del campo.
Por su parte, el gobernador electo, Francisco Domínguez Servién, se comprometió a estudiar el caso de Peña Colorada, sin embargo, aclaró: “les garantizo que Peña Colorada seguirá siendo un pulmón para las queretanas y los queretanos”.
“Tengo conocimiento que hay alrededor de 12 ejidos adentro de Peña Colorada, que para poder decretarlo hay que cambiarles de tierra o hay que comprarles, porque si no sería un despojo por parte del mismo gobierno del estado, pero no tengo el mapa completo para poder contestarte”, finalizó Domínguez Servién.