El Décimo Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco), se inauguró ayer en San Juan del Río, donde Dalia Garrido, delegada en la entidad, acompañó a la procuradora Lorena Martínez Rodríguez en la recepción del Comité que conforma dicho Sindicato.
En la ceremonia que se llevó al cabo, en el Hotel Misión San Gil de San Juan del Río y en donde asistieron también el delegado de Gobernación, Juan Carlos Padilla Aguilar; Sergio Almeida Orozco, delegado de Economía, y Gerardo Vázquez Mellado, delegado del Trabajo; la procuradora Lorena Martínez recalcó “el extraordinario liderazgo de Mauricio Orozco Hernández, al frente del Sindicato para mejorar las condiciones de los trabajadores de la Procuraduría”.
Este Congreso incluye como actividades preponderantes las modificaciones al Contrato Colectivo Trabajo 2016-2018 de esta dependencia, así como discutir, evaluar y analizar las propuestas e inquietudes de los trabajadores de la Procuraduría, comentó la delegada Garrido Rubio.
Asimismo, aprovechó la reunión para reconocer y agradecer al personal sindicalizado y afianzar el trabajo en conjunto con el secretario general del Sindicato y su representante en la Delegación Querétaro, a fin de fortalecer la labor que se realiza para defender y promover los Derechos de los Consumidores en nuestro Estado.
Podrían multar a la empresa automotriz Volkswagen. Durante la inauguración de dicho Congreso, Lorena Martínez Rodríguez, titular federal de la Profeco, comentó que con el fin de buscar el resarcimiento y el pago de la indemnización que establece la ley del consumidor se podrían empezar acciones para sancionar a la empresa automotriz.
Refirió que si se reúnen más de 30 quejas es motivo suficiente para que la Profeco pueda iniciar una acción colectiva que permitiría proteger a los 32 mil consumidores que compraron un vehículo con estas características en el país. “Las violaciones a la ley se sancionan de manera directa por la institución. Cabe la posibilidad de abrir oficios de sanción por violaciones al artículo séptimo de protección del consumidor”, acotó.
Indicó que se debe esperar el dictamen de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que habrá de informar si existe violación a la ley.
Además, se lleva a cabo un diagnóstico para saber el número de vehículos afectados y que siguen vigentes con circulación en el país. Las multas podrían ser desde los 600 pesos hasta los tres millones de pesos.