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En Querétaro hay 36 indígenas en los Centros de Reinserción Social (Cereso) por diversos delitos, informó el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Aurelio Sigala Páez.
La mayoría de los casos están relacionados con la comisión de delitos como robo, seguido de homicidio y violación; cuatro de los reclusos son mujeres y se trata de casos no exclusivos de queretanos, ya que hay presos de otros estados, incluso uno de origen guatemalteco.
“Tenemos un registros actualmente de 36 personas de origen indígena recluidos (…) de esos cuatro son mujeres; no todos son de origen hñähñu (ñañú), tenemos gente recluida de otros pueblos indígenas del país, tenemos de Michoacán, de Guerrero, uno de Guatemala, pero que cometieron delitos aquí”.
El delegado admitió que las personas “envueltas” en procesos penales enfrentan un segundo problema que es el idioma, ya que en muchas ocasiones —cuando son detenidos— no declaran ser indígenas por temor a ser discriminados.
Esta condición limita la intervención de la CDI, la cual, por ley, pone a disposición un juez de oficio traductor-intérprete que se encarga de representar a los indígenas, para un proceso justo y con mayor transparencia. En la entidad, la CDI cuenta únicamente con tres abogados traductores.
“No todos recurren a los abogados traductores, ese es el problema. La gran mayoría de los que son recluidos no declaran ser indígenas cuando son aprehendidos, eso limita que puedan contar con asistencia y obligatoriedad de contar con algún traductor”.
Sobre los procesos judiciales, el funcionario expuso que anualmente se tienen en promedio entre ocho y 10 casos; la Comisión cuenta con un programa de fianzas, en el que pagan la multa de los indígenas que cometen delitos no graves.
“Tenemos un programa de fianzas para todos aquellos que alcancen la libertad mediante un pago monetario; gracias a esta ayuda se excarcelaron 16 personas”.
En lo que se refiere al nuevo sistema penal acusatorio (juicios orales), Aurelio Sigala comentó que existe un padrón nacional de abogados traductores, quienes están siendo capacitados para poder enfrentar los nuevos métodos de impartición de justicia.
“Es un tema importante, la procuración de justicia en el caso de los pueblos indígenas se tiene que llevar con sumo cuidado, porque tiene que efectuarse en su lengua; los abogados que pueden apoyarse en este proceso no sólo pueden interpretar y transmitir, es preparar traductores-intérpretes”, expuso.
Querétaro tiene 75 mil indígenas
El funcionario comentó que actualmente en la entidad se cuenta con un padrón de 75 mil indígenas, distribuidos en 290 localidades, principalmente en los municipios de Amealco, Cadereyta, Tolimán, población que dijo tiene un nivel de marginación alto y muy alto.
Así mismo, indicó que el estado de Querétaro es en donde se tienen los mejores índices de atención —a nivel nacional— con respecto hacia este sector, esto comparado con los grupos indígenas de otras entidades federativas.
De igual forma refirió que de estos 75 mil indígenas, 35 mil todavía hablan su lengua materna, principalmente otomí ñañhu, situación que les ayuda a defenderse en caso de que enfrenten algún proceso judicial en la región.
“Por ley deben de contar con un traductor; contamos con tres abogados que nos apoyan como traductores o intérpretes; la principal es la lengua otomí, además que son entre ocho y 10 casos de personas al año que se enfrentan a un proceso, pero que se les garantiza un traductor”.
