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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Septién Olivares, informó que se requieren 35 millones de pesos para la implementación de la tercera etapa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Los cálculos al mes de septiembre indican una requisición de 35 millones de pesos para la última etapa, un recurso a invertir por parte del Poder Judicial.
Sin embargo, tocará a la nueva administración del TSJ hacer los cálculos para redefinir estos montos.
El último trimestre del año tocará enfrentarlo al nuevo magistrado o magistrada, comentó, que definirá montos de inversión calculables al mes de mayo de 2015, cuando entre en vigor la última etapa del Sistema de Justicia oral correspondiente a los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués.
“Es un crecimiento de 3% que significaba un presupuesto arriba de 35 millones de pesos para esta tercera etapa y última etapa con base en los indicadores de este año, para mayo del año que entra la próxima administración judicial tendrá que hacer su estudio correspondiente”.
Al siguiente presidente o presidenta también tocará dar velar porque se pueda implementar la Justicia oral en materia familiar, tal como ya sucede con el sistema de justicia para menores y en los juicios mercantiles. “Trabajar para abrir la tercera etapa en materia penal; en materia familiar se tienen que abrir más espacios juzgados familiares y concluir la capacitación para lograr que la materia familiar también sea oral, en ciertos juicios”.
En materia de infraestructura, adicional a lo concerniente al Sistema de Justicia oral, tiene que trabajarse en un Plan Maestro para una Ciudad Judicial integral, en donde se concentre todo el sistema en un solo lugar.
“Hay temas de infraestructura que quedan pendientes, recordemos que en el Centro de Justicia (lo que era el Antiguo Centro Expositor) le fue asignado al Poder Judicial un inmueble que puede ser digno para desarrollar un plan maestro de Ciudad Judicial”.
Así también están el tema de la digitalización de los expedientes, que se podrán minimizar con la entrada en vigor de los juicios orales; pero se hace necesaria la depuración de los documentos.
Explicó que este proyecto se restringió por la falta de recursos, los cuales se redirigieron para infraestructura que era urgente para este Poder.
“El proyecto se diseñó para poder digitalizarlos pero lamentablemente la economía nos absorbió, y con ese capital ya no hubiera sido posible abrir más juzgados; abrimos más Juzgado Civiles, Familiar; hay un proyecto nuevo para poder depurar expedientes nos vamos a ahorrar mucho papel con Los juicios orales porque todo va a salir bien ya grabado”, indicó Carlos Septién.
