El grupo parlamentario del PRI en el Congreso local se encuentra analizando la posibilidad de sumarse a las diversas organizaciones sociales que interpondrán un amparo en contra de la aprobación a la reforma del Código Urbano con la que se permite la colocación de casetas de vigilancia, aseguró su coordinador, Mauricio Ortiz Proal.
Luego de la aprobación que se realizó el pasado jueves en sesión de pleno, algunas agrupaciones de la sociedad civil se acercaron a la bancada priísta para solicitar su apoyo en la revisión constitucional de este dictamen; dicha petición se estará analizando en los próximos días, sin embargo, el legislador se dijo convencido de que la Suprema Corte fallará en contra de las casetas porque se violenta el derecho al libre tránsito.
“Lo estamos explorando, de hecho algunos de ellos nos plantearon la posibilidad de unirnos con ellos, queremos ver si en términos jurídicos podemos articular rápidamente un equipo para ver qué instrumento conviene que promovamos y ser consistentes con la posición que tuvimos en el pleno, donde nos manifestamos en contra”, comentó.
Sin embargo, Ortiz Proal aceptó que por el momento esta reforma al Código Urbano tendrá que ponerse en marcha, en tanto la autoridad judicial no se manifieste en favor o en contra, pues dijo, la sentencia podría demorar varios meses.
En la sesión de pleno realizada este jueves, el coordinador del grupo parlamentario del PRI aseguró que los diputados priístas estaban a favor de que se promoviera la colocación de casetas, no así de que se estableciera como obligatorio que existan controles de acceso en los fraccionamientos. La manera en que se redactó es lo que derivará en una inconstitucionalidad, dijo.
En los próximos días se enviará una petición a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro para solicitarle que mantenga una supervisión de las empresas que estarán encargadas de los controles de acceso en dichas casetas, pues dijo, se tiene que garantizar que sean personas capacitadas y trabajen en coordinación con la dependencia municipal.
“(Por) la redacción con la que se aprobó en el Congreso local va a ser difícil que en un juicio de validez constitucional el Congreso pueda estar ganando, es una contradicción que se diga que habrá un libre tránsito por las calles de Querétaro y por otro lado se establezcan controles de acceso, porque el control implica un tipo de restricción”.
De concretarse la inconstitucionalidad de esta reforma, sería la segunda ocasión en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige a la 58 Legislatura de Querétaro que revierta una adecuación, la primera fue en lo referente a las pensiones y jubilaciones de los burócratas queretanos, misma que promovió el PRI.
Ante ello, Mauricio Ortiz Proal destacó que su grupo parlamentario no ha apoyado los dictámenes de ley que a la postre son señalados como inconstitucionales, “nosotros nos sentimos muy tranquilos porque hemos acompañado con nuestro voto favorable aquellas medidas que desde nuestro punto de vista no contrarían ningún principio constitucional”, refirió.