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Los procedimientos para la sanción a servidores públicos por el mal ejercicio de recursos pueden extenderse por un largo tiempo, sin que esto signifique impunidad en las acciones, aseguró el Contralor de gobierno del estado, Juan Gorráez Enrile.
Destacó que una reforma que busque acotar dichos plazos pueden vulnerar las garantías individuales y constitucionales de las personas a las que se les imputa un delito.
El funcionario comentó que cuando se presentan este tipo de situaciones durante las administraciones o cambios de gobierno, la Contraloría del estado procede en los casos que tiene la facultad para hacerlo, aun cuando los procedimientos pueden tardarse en dar resolución.
“En cuanto a los municipios, de parte nuestra no hay la menor disposición de que haya impunidad, pero no los podemos hacer más rápidos. Hay que seguir las formalidades de los procedimientos, citar a las personas, darles oportunidad de que presenten los alegatos, los argumentos y las pruebas que a sus derechos convenga. El periodo de desahogo de pruebas, alegatos y luego la resolución y el tiempo en que tarda varia”, explicó.
Recordó que la Contraloría sólo puede intervenir en casos de los ayuntamientos, cuando se tratan de recursos estatales etiquetados o federales, ya que cuando son capitales de las alcaldías son las Contralorías municipales las que actúan.
Los procedimientos pueden ser por dos tipos: disciplinario por haber actuado mal en el desempeño del servicio público; y resarcitorio, que implica que se reintegre lo que se usó mal o lo que el funcionario se gastó indebidamente
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la de Procedimientos Administrativos son las que rigen las sanciones del mal ejercicio de la función pública.
