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En operativo conjunto con la Defensoría de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro, detectó siete Centros de Rehabilitación para adictos (anexos) que no cumplían con los lineamientos legales.
Autoridades señalan que se trata de faltas a las normas relacionadas con aspectos de salud y seguridad; estos centros fueron clausurados, de los cuales dos se cambiaron de domicilio.
Ante las irregularidades, los operativos continuarán, informó Manuel Velázquez Pegueros, secretario de Gobierno en la capital.
Estos centros operan para la rehabilitación de personas adictos al alcohol, principalmente, y a otras drogas que constituyen el consumo ilegal.
“Llevamos aproximadamente siete (anexos clausurados) lo que hacemos es que vigilamos cuestiones de seguridad, hemos hecho recomendaciones en cuestiones de seguridad, acceso por medio de Protección Civil, cuestiones de atención, condiciones de salud bajo las cuales se encuentren operando”, explicó el funcionario.
La revisión obedece a una logística que se generó junto con Protección Civil municipal y la Defensoría de Derechos Humanos para tener información de cuántos anexos operan en la capital y en qué condiciones.
El objetivo es garantizar que ofrezcan condiciones de seguridad y que el personal esté certificado para brindar atención médica y especializada.
Los siete anexos clausurados son los únicos que han sido revisados; al verificar sus condiciones se dio un plazo de 15 a 20 días para cumplir con las observaciones hechas por autoridades, lo que generó que dos de esos centros cambiaran su domicilio en lugar de cumplir con las medidas solicitadas.
En el papel que corresponde a Protección Civil se revisa que cuenten con las medidas que garanticen la integridad física de quienes atienden el Centro y de quienes están internados en él; que cuenten con aditamentos como: extintores, señalización, que los cristales tengan una película de seguridad, entre otras.
De acuerdo con informes del Instituto Municipal de Prevención y Conductas de Riesgo del municipio, se tiene un registro de entre 26 y 28 centros de rehabilitación que operan en la legalidad, con al menos tres que funcionan de manera itinerante.
Mientras que la Comisión Estatal Contra las Adicciones (CECA) estima que operan más de 80 establecimientos de este tipo, y alrededor de 25% están regularizados.
Cifras que se acercan al dato del secretario de Salud en el estado, Alfredo Gobera Farro, quien afirmó que 70% de los anexos operan en la ilegalidad.
