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De acuerdo con Calixto de Santiago Silva, presidente del Colegio de Abogados Litigantes del estado de Querétaro, existe plena confianza en que el gobierno del estado implemente el nuevo sistema penal de juicios orales a más tardar el próximo 1 de septiembre, por lo que los analistas a su cargo se encuentran por ahora consolidando el programa de infraestructura en los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora.
“Nosotros creemos que el próximo primero de septiembre en el distrito más difícil, que es El Marqués, Querétaro y Corregidora, se va a implementar el sistema acusatorio adversarial, nosotros creemos que de manera directa, sin la infraestructura física no se encontraba totalmente idónea y adecuada, era necesario postergarlo de manera directa y a eso dimos un voto de confianza a dicha circunstancia de la comisión”, aseguró Santiago Silva, quien señaló que se busca otorgar a la ciudadanía una justicia rápida, expedita, clara y eficaz.
Y es que a finales del año pasado el presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje titulado “Por un México en paz con justicia, unidad y desarrollo”; durante la presentación del Plan de Justicia declaró que no habrá prórroga para la implementación de los juicios orales, misma que habrá de cimentarse en cada estado de la República tan pronto como arranque el 2016.
Es por mandatado constitucional que todos los estados deberán tener implementado el nuevo sistema de justicia penal. Para cumplir con el objetivo planteado es necesario efectuar una reforma paralela, que consolide la transformación de los juicios orales, que fortalezca la profesionalización, capacitación y certificación de los servicios de administración de justicia.
Solo Chihuahua tiene el 100% de la aplicación de la reforma penal, cerca de la meta figuran el Estado de México, Morelos, Nuevo León y Yucatán; mientras que Baja California, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato y Querétaro se mantienen por arriba del 60%.
En ese tenor, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Septién Olivares, reveló que se requieren aún de 400 millones de pesos para implementar en todo el estado de Querétaro el nuevo sistema penal acusatorio.
“Sí, porque hay que ver qué recursos necesita la PGJ, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policía procesal, el costo de todo el sistema penal, mil millones de pesos, ya llevamos un gasto erogado por 600 millones de pesos”, precisó el magistrado.
Explicó que los 400 millones de pesos que hacen falta serán recursos estatales, ya que la Secretaría de Planeación y Finanzas es quien determina el mecanismo para la obtención del total del dinero requerido, a fin de arrancar la tercer y última etapa de los juicios orales.
