La Contraloría del Estado determinó que no hubo responsabilidad directa o negligencia de funcionarios públicos en la atención médica de un interno que murió a consecuencia de cáncer en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José El Alto, informó Alfonso Jiménez, subsecretario de Gobierno.
El 27 de abril pasado, la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH) emitió una recomendación a autoridades estatales para, entre otras cosas, investigar la presunta responsabilidad de funcionarios del Cereso y de la Secretaría de Salud por una presunta deficiencia en la atención del reo enfermo.
En respuesta a ello, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, instruyó a la Secretaría de la Contraloría (que forman parte del mismo equipo de trabajo del gobierno del estado) iniciar las diligencias correspondientes para determinar si hubo o no responsabilidad de los servidores públicos.
“Se demostró que tuvo [el reo] una debida atención médica dentro del centro, también en el hospital, y de acuerdo con la recomendación el secretario de Gobierno dio instrucciones a la Contraloría para que iniciara la investigación a efecto de determinar si había o no responsabilidad por parte de los directivos o funcionarios involucrados en la atención de esta persona”, se apuntó en el documento.
La recomendación deriva de la queja interpuesta por la madre de Eduardo Rodríguez Zaragoza, al referir que su hijo no tuvo la atención médica adecuada para el tratamiento de su enfermedad.
Se deslindó de cualquier responsabilidad a integrantes de la Secretaría de Gobierno, en específico de la Dirección de los Ceresos y de la Secretaría de Salud.
