De junio a la fecha han desaparecido 21 niños, informó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Luis Bernardo Nava Guerrero.
Precisó que son nueve niños y 12 niñas los que han desaparecido en la entidad, los cuales oscilan entre los tres y los 17 años, por lo que urgió a que se instale la alerta Amber.
“Nosotros hemos dado cuenta de 21 menores de junio a la fecha, o sea, en éstos tres meses junio, julio y agosto, se han dado 21 casos de menores de edad extraviados, no estamos diciendo que hayan sido víctimas de un delito, simplemente tienen reporte de extravío. La ausencia de este tipo de protocolos seguramente hace más difícil que se dé su pronta localización”.
El panista aclaró que ésta fue una de las peticiones que se realizaron al procurador general de Justicia en el estado, Arsenio Durán, por lo que esperó que en breve haga la petición, ya que la falta de estos mecanismos hace más difícil la localización de los menores.
“A más tardar antes de que termine el año se instrumentará la alerta Amber en el estado. Nosotros vemos con muy buenos ojos que así lo hicieran, sobretodo que lo pudieran hacer a la brevedad posible porque es un protocolo de acción inmediata para que aquellos menores de edad que se extravíen. Las primeras horas son las más críticas y son las más importantes para poder localizarlos”, aclaró el legislador.
Explicó que de aplicarse la alerta se podría evitar que sucediera algo de gravedad con los menores que se extravían, pues la actuación de las autoridades sería de manera pronta.
“Para eso, el hecho que se pueda reaccionar más rápido, de una manera pronta, expedita y con la participación de la sociedad, medios de comunicación y gobierno hace que los protocolos de reacción inmediata pueda ser eficaces y esto contribuya en la seguridad”.
La alerta Amber busca establecer los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.
Por esto, establece la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y otros sectores involucrados, desde el ámbito de sus respectivas competencias, para la puesta en marcha de este programa.
