En cuatro empresas de la industria de la transformación se detectaron incumplimientos en las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de las actividades de trabajadores con discapacidad, informó Gaspar Ramón Trueba Moncada, encargado del Despacho de la Delegación Federal del Trabajo en Querétaro.
Las empresas que cometieron estas irregularidades, de acuerdo con el delegado federal, se encuentran en los municipios de El Marqués, Corregidora y Querétaro; sin embargo, puntualizó que estas aún no han sido sancionadas debido a que se les otorgan plazos de 30 a 90 días para que subsanen las observaciones y así evitar ser acreedoras a una infracción.
Trueba Moncada señaló que en caso de no subsanar estas observaciones, las firmas pueden ser acreedoras de sanciones por hasta cinco mil salarios mínimos, aunque aseguró que a la fecha ninguna empresa de la entidad ha sido objeto de denuncia o queja por no recibir a personas con discapacidad en sus centros laborales.
En Querétaro, de acuerdo con los datos de la Delegación Federal del Trabajo, existen 178 mil personas con discapacidad y de estas sólo dos mil 800 personas están laborando en algún centro de trabajo. Los ramos que contratan en su mayoría a personas con alguna discapacidad son la industria de la transformación, el sector manufacturero y el automotriz.
En el transcurso del año pasado, Trueba Moncada agregó que se otorgaron 130 distintivos de inclusión laboral a empresas establecidas en la entidad. A la fecha 120 corporativos han sido acreedores a esta certificación por contratar a los sectores vulnerables de la población.
“El mercado solito está generando —mejores condiciones para personas con discapacidad— porque hoy en día es más fácil tener rotación de empleos, hoy en día existe una gran cantidad de ausentismo y hoy en día, contratar a una persona con algún tipo de discapacidad es contratar a una persona que tiene un compromiso que va a generar identidad con la empresa, porque va a tener gratitud por la oportunidad que se le dio”, dijo Trueba Moncada.
Agregó que al contratar una persona con discapacidad se aumenta la productividad en el centro de trabajo y además, se reciben estímulos fiscales como la reducción en el pago del impuesto sobre la renta (ISR).