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En la sede de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos, diferentes organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo el foro La mía también es familia, durante el cual hablaron de las diferentes formas de familias que puede haber en una sociedad, entre estas, la monoparental, que al igual que la tradicional, debe tener garantizada la protección de sus derechos por parte del estado.
De acuerdo con la docente de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Sulemi García, el querer desaparecer el Instituto de la Mujer y crear en su lugar el Instituto de la Familia es un retroceso por parte del gobierno.
“Por las grandes brechas entre hombres y mujeres, es necesario un instituto municipal y estatal de la mujeres, por la violencia que hay hacia este sector, muertes maternas, violencia obstétrica, necesitamos un organismo autónomo dirigido por mujeres, con conocimiento profundo de las problemáticas y un presupuesto digno”, dijo.
La presidenta de la Asociación de Familias Monoparentales, Cinthia Covarrubias, indicó que el modelo de familia tradicional está cambiando, destacó que de cada 10 familias 6 son lideradas por mamás y 4 por papás.
Sin embargo, aseguró, son familias que no cuentan con una protección real en sus derechos, situación que se ve reflejada en los embarazos de madres adolescentes, a quienes, al llegar al hospital, no se le cuestiona si es producto de una violación.
Indicó que el estado sólo está estereotipando con la creación del instituto dirigido a un cierto tipo de familia, conformado por un hombre, que es quien provee de alimento a la familia, una mujer (la madre) y los hijos.
Lorena Osorio, investigadora de la UAQ, refirió que en la mayoría de las ocasiones es en el seno de una familia considerada como funcional donde se dan los problemas mayores, entre los que destaca la violencia.
Las ponentes coincidieron que en el estado no puede generarse un retroceso en la defensa de los derechos sexuales de las personas, y con ello, la aceptación de que existen diferentes modelos de familia, que deben ser reconocidas como grupos funcionales y con protección jurídica.
