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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Manuel Septién Olivares, informó que en el estado no tienen ningún caso de personas procesadas o juzgadas por el delito de trata de personas.
Esto, luego de que se diera a conocer que en 10 sitios —durante 2013— se detectó (en operativos de la Secretaría de Gobierno) la práctica de posible trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral.
“No, ante nosotros no; estará en investigación ante el Ministerio Público si es que existen, pero por ahora no hay ningún caso”, fue la respuesta del magistrado al preguntar sobre del trato de este delito.
Decir que el TSJ no ha procesado ningún caso de trata de personas indica que la Procuraduría General de Justicia, encargada de las investigaciones para detectar un delito, no ha solicitado al Poder Judicial ninguna orden de aprehensión.
Sin embargo, archivos de medios informativos y comunicados de prensa dan cuenta de formal prisión a más de ocho personas durante 2013 por la probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de personas, sin que ninguno de ellos esté sentenciado.
El pasado jueves 9 de enero en entrevista, el subsecretario de Gobierno, Alfonso Jiménez Campos, informó que a través de operativos realizados durante 2013 por la Dirección de Gobierno fueron detectados 10 sitios en donde se practicaba el delito de trata de personas.
Los operativos se realizan como parte de las tareas permanentes del área de inspección para verificar que los establecimientos que venden alcohol cuenten con las licencias correspondientes.
Las autoridades dieron aviso a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para tomar conocimiento, ya que la Secretaría de Gobierno no tiene otra facultad más que la de clausurar el lugar, aplicar multas y en su caso decomisar el producto.
“No es competencia nuestra lo de trata de personas, en el momento en que se da una inspección y se detecta se le da aviso a la Procuraduría para que intervenga de acuerdo a sus facultades; se detectaron en todo el estado: Querétaro, Pedro Escobedo y San Juan del Río, alrededor de 10 de este giro”, comentó el subsecretario el jueves pasado.
En otro tema, el magistrado presidente refirió que el presupuesto que aprobó la Legislatura al Poder Judicial resulta insuficiente para poder implementar el sistema de justicia penal acusatorio.
Pese a que sólo se les aprobó un presupuesto de 611 millones 464 mil pesos, se comprometió a tener un trabajo profesional para la impartición de justicia.
En materia de juicios orales recordó que el compromiso es iniciar en marzo la primera etapa de instauración de este sistema y para ello necesitarán personal, el cual tendrá que contemplarse en el presupuesto.
“Cueste lo que cueste comenzaremos en marzo, la evaluación que tenemos para nuestro personal fue avalada por la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Administración Pública”, explicó.
