A partir de enero de este año, constructores locales aplicaron un ajuste de 10% al alza en el costo de obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución y, ante la posibilidad de que incremente nuevamente el precio de los combustibles, se prevén más aumentos para lo que resta del año.
La delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) comenzó a firmar convenios con los municipios metropolitanos para que se respete el ajuste de costos y las alcaldías se comprometan a asignar el mayor porcentaje posible de los contratos a constructores locales.
Alejandra Vega Reyes, presidenta de la CMIC, señaló que por parte del organismo empresarial se dispondrá de un asesor especializado para que este proceso de ajuste se dé sin ningún problema para los constructores y las dependencias públicas.
“Este ajuste de costos, que se llama escalatorias, está en la Ley Federal de Obra Pública. Es una obligación de la autoridad, cuando hay un aumento que no estaba previsto, que haya una actualización de precios aunque la obra ya se esté llevando a cabo y el contrato ya esté dado. No estamos hablando de contratos futuros, sino de la obra en proceso”, expuso.
Este viernes, la CMIC firmó un primer convenio con el municipio de Querétaro y, próximamente, hará lo propio con las alcaldías de Corregidora y El Marqués, así como con la Comisión Estatal de Infraestructura, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado y la Comisión Estatal de Aguas.
Alejandra Vega precisó que, “haya firma de convenio o no, esto es algo que está en la ley federal y, por lo tanto, una obligación que en cualquier momento se puede hacer valer.”
La Cámara de la Industria de la Construcción estima que al cierre de 2017 podría haber un incremento total de 12% en los proyectos que actualmente se están desarrollando, así como en las futuras contrataciones.
“A como se ve el tema es muy probable que vaya a haber más alzas en el precio de combustibles durante el año; por eso, la firma de este convenio era muy importante para nosotros”, dijo.
“Este ajuste de escalatorias es un proceso que se tiene que hacer tanto en el municipio o dependencia pública con que se esté llevando a cabo la obra como con el constructor, en donde hay un proceso de comprobación de que efectivamente hay un alza de precios. De esta manera, se reajustan los costos en la obra para que el constructor no se vea afectado”, añadió.
Sector privado. La líder de la CMIC estableció que el caso de la obra privada no presenta mayores complicaciones, pues los precios actualizados del mercado se aplican a inversionistas o desarrolladores industriales.
El problema con la obra pública, planteó, es que se etiqueta determinado recurso para un proyecto y si no se justifica un incremento en el costo del mismo esto puede ser señalado por la función pública.
“En la obra privada es algo más sencillo porque la actualización de precios y los presupuestos se dan conforme al precio de mercado”, insistió.
Vega Reyes señaló que, independientemente de los recortes presupuestales y el alza en el costo de combustibles, mientras se respete el ajuste de precios y mientras quienes hagan la obra pública tributen en Querétaro se podrá hablar de un crecimiento en el sector de la construcción.
“Va a haber mucha inversión privada. En el mes de marzo vamos a tener una feria con desarrolladores industriales, aparte de que estamos generando compromisos con los funcionarios públicos para que la obra pública quede en Querétaro.”
El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, resaltó ayer ante socios de la Cámara de la Industria de la Construcción que en 2016 el gobierno capitalino realizó 244 contratos de obra pública, de los cuales 240 fueron asignados a contratistas locales.
“Hemos acordado que, para el año 2017, el 100% de la obra será asignada única y exclusivamente a contratistas de Querétaro, lo que nos va a permitir garantizar que los recursos que se están generando por contribuciones municipales serán ejercidos y aplicados por contratistas de nuestro estado, lo cual mejorará la economía local”.
