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“Nadie está por encima de la ley, nadie incide en las decisiones judiciales y nadie dicta el destino de nuestras sentencias”, advirtió el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Manuel Septién Olviares, durante la rendición de su Segundo Informe de actividades.
En el Teatro de la República, en sesión extraordinaria pública y solemne advirtió que el Poder Judicial estará siempre abierto a recibir opiniones y que el quehacer de quienes laboran en el TSJ no es infalible, sin embargo advirtió que hay quienes pretenden desvirtuar el trabajo.
“Atentan contra el estado de derecho, siembran incertidumbre y contaminan la paz social”, sentenció.
Reportó que en el último año el Poder Judicial ha transitado por una renovación integral, en su operación, nuevas instalaciones, optimización de recursos, y relevo generacional para consolidar una vanguardia.
“Exhorto a todo el personal del Poder Judicial a que trabajemos con los valores éticos que refiere nuestro código en bien de la ciudadanía. Requerimos un Tribunal Superior sólido y confiable”, urgió.
Septién Olivares anunció que para 2015 se implementará el nuevo sistema de Justicia Penal (SETEC), con la instalación de la Sala de Juicios Orales para la Segunda Instancia, en el edificio que actualmente alberga al Congreso Local, en 5 de mayo, una vez que el poder Legislativo cuente con nueva sede.
También albergará el archivo histórico del Poder Judicial, para el resguardo de documentos y expedientes que datan desde el siglo XVII hasta mediados del XX.
“Con la anuencia del señor gobernador, como un acto de su generosidad, ha aceptado proporcionarnos el histórico inmueble conocido como el Portal Quemado, que hoy ocupa el Poder Legislativo en Plaza de Armas, una vez que los diputados cambien de sede”, informó.
De cara al proceso electoral del próximo año advirtió una madurez democrática de la ciudadanía, partidos políticos y contendientes que “darán muestra de civilidad y respeto”, consideró.
Septién Olivares, anunció que tras la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el TSJ tendrá acceso a un padrón nacional de interpretes y traductores en lenguas indígenas a fin de cumplir el mandato constitucional en beneficio al habla indígena.
“No más un caso de Jacinta, Alberta y Teresa”, aseveró.
También reconoció el trabajo realizado en la Sala Electoral, conformada en 1997, que desaparecerá de acuerdo a lo establecido en la Reforma Política Constitucional.
El magistrado presidente informó que para este año la Legislatura del estado les autorizó un presupuesto de 611 millones de pesos, 2.53% del presupuesto total del gobierno, incluidos 72 millones para la implementación de la Reforma Penal.
“Los delitos que se advierten de mayor incidencia en la entidad fueron el robo a vivienda y establecimiento comercial, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y lesiones dolosas”, argumentó el funcionario.
