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El procedimiento de decreto de área natural protegida de Peña Colorada no está detenido por un tema ambiental, sino por una cuestión social, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marcelo López Sánchez, quien destacó la inversión de más de seis millones de pesos en programas de reordenamiento ecológico.
Dichos proyectos ambientales se llevaron a cabo, principalmente, en la zona metropolitana, “donde vive prácticamente el 80% de la población de Querétaro”, agregó.
A lo largo del proceso de decreto de Peña Colorada, las autoridades han estado acompañando, por lo que López Sánchez comentó que ha sido muy largo y desgastante, sobre todo por el punto de vista social.
Fueron más de dos años de proceso en el que se realizaron diversos estudios de viabilidad, además de contar con estudios técnicos en los que apoyó la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y que además los cabildos de los municipios de El Marqués y Querétaro lo aprobaran.
El funcionario estatal hizo especial énfasis en que el compromiso del actual gobernador, José Calzada Rovirosa, era entregar el decreto, por lo que éste ya se cumplió y solamente estarán en espera de la resolución que se dé después del amparo interpuesto por algunos habitantes.
“Creo que sí es muy importante señalar, porque ese es el tema, es que el compromiso del gobernador era que quedara protegida, y hoy está hecho con instrumentos de carácter municipal y estatal que no existían”, declaró Marcelo López Sánchez.
El secretario de Desarrollo Sustentable indicó que el municipio capitalino hizo un programa de ordenamiento ecológico local, mientras que El Marqués también cumplía con ese proyecto, en ese documento se definió que Peña Colorada quedaba como reserva ecológica.
Cabe mencionar que en el ordenamiento ecológico regional de Querétaro también está definido de dicha forma, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la tiene catalogada como área de uso de suelo forestal.
El titular de la Sedesu explicó que en su momento se les ofreció, a los inconformes, el pago por prestación de servicios ambientales, el cual es financiado por el programa de reducción de huella de carbono que encabeza la dependencia a su cargo.
Sin embargo, en aquella ocasión no hubo apertura al diálogo.
Pero ahora, López Sánchez destacó que le da gusto que ya se busque un diálogo entre todas las partes, con la finalidad de que el problema sea resuelto de la mejor manera.
