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Las políticas públicas que se han implementado hasta el momento en materia de ciberacoso y pornografía infantil son deficientes, no han posibilitado acciones preventivas que permitan revertir los casos reportados en el estado, consideró Alejandra Martínez, representante de la organización Aquesex.
Posterior a que el Centro Iberoamericano para el Desarrollo e Investigación de la Ciberseguridad (CEDIC), revelará que en Querétaro existen dos organizaciones delictivas que producen y distribuyen pornografía infantil. Martínez advirtió que la sociedad ni las autoridades conocen qué acciones realizar cuando sucede este tipo de casos, por ello, sostuvo que se debe fortalecer la educación para prevenir el abuso.
De acuerdo con el CEDIC, Querétaro ocupa el décimo lugar a nivel nacional en ciberacoso, pues de cada 100 alumnos al menos 27 han sido víctimas; además de asegurar un estimado de 53 mil 61 alumnos de preparatoria y secundaria han sido víctimas de ciberbullying.
“Me parece que no han posibilitado acciones que puedan ser preventivas o que puedan revertir los casos que se suscitan en Querétaro.
“De repente seguimos pensando que vivimos en una burbuja donde no pasa nada, pero estas cifras vienen a ponernos contra la pared y cuestionarnos sobre lo que realmente esta pasando con bandas relacionadas con la pedofilia”, advirtió la activista.
Expresó que las cifras emitidas por la institución son graves, pues recordó que México es uno de los principales países que vende contenido pornográfico de niñas, niños y mujeres, situación que señaló, está relacionado con grupos de tratantes.
En este sentido, subrayó que se han dado algunos pasos para prevenir estos delitos, a nivel estatal. La Legislatura local continúa sin reglamentar cuestiones como el acoso callejero, por lo que dijo, en la procuración de justicia del estado hay deficiencias al permitir la impunidad de estas acciones.
“En la procuración de justicia vemos que hay serias deficiencias, porque justamente uno de las cosas que posibilitan este tipo de delitos es la impunidad. En realidad son pocos los casos que se obtiene una sanción, es mínima la reacción y eso justamente posibilita que proliferen este tipo de delitos”, advirtió.
Señaló que las familias, escuelas e instituciones gubernamentales, deberán de priorizar la educación para prevenir el abuso infantil, además pidió que organismos como la Fiscalía General, deberán estar al pendiente de este tipo de acciones y proponer soluciones, para que no se queden en pláticas con los alumnos y familiares.
“De entrada tendría que existir un tema importante en la educación, cada vez aumenta el acercamiento de los jóvenes a los dispositivos móviles, esto representa un riesgo para su seguridad (porque) tendrían que ir acompañados de un conocimiento de los riesgos que implica el uso de estas tecnologías y las vulnerabilidad que se tienen frente a pedófilos, redes de tratantes, extorsionadores y más. Me parece que está habiendo un hueco muy grande en el tema educativo con ls nuevas generaciones”, advierte Alejandra.
