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Resulta “indignante” que ninguna autoridad, específicamente del PAN, levante la voz y exija justicia para un ciudadano que fue golpeado por manifestar sus inconformidades, lamentó Mauricio Ortiz Proal, líder del grupo parlamentario del PRI en la legislatura local.
A nombre de los diputados locales del tricolor, pidió a la fiscalía estatal garantizar justicia pronta y expedita, pues resulta “preocupante” que cualquier persona que manifieste un desacuerdo con la autoridad corre el riesgo de ser agredida.
El domingo pasado, dos sujetos golpearon a Arturo Zamora Rueda, líder de comerciantes de la avenida Ezequiel Montes, mientras se manifestaba en contra de la obras de rehabilitación en dicha vía.
“Lamentable, que se agreda físicamente y nadie levante la voz, que nadie tenga el valor y la determinación de exigirle a la autoridad, particularmente a la fiscalía, que se actúe de manera pronta y expedita para que se sancione a quien, sin ninguna razón, con alevosía, ventaja y de manera muy cobarde agredió a un ciudadano”, espetó.
El diputado priísta reconoció en el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, a la única persona que emitió mensajes “coherentes”, al pedir que se “socialice” la obra que está a cargo del gobierno municipal de Querétaro.
“De destacar que el único personaje de afiliación panista que ha salido a dar la cara de una manera inteligente y respetando la voluntad ha sido el gobernador, ha señalado que efectivamente se necesita mantener diálogos permanentes con todos los vecinos para que, a través de procesos de socialización, se explique qué se pretende hacer con la obra pública”.
Ortiz Proal aseguró que si el gobierno municipal en turno fuera de “un partido diferente al PAN, ya se estarían rasgando las vestiduras, exigiendo justicia, pero hasta ahora nadie ha hablado”.
El legislador lamentó el discurso del alcalde Marcos Aguilar Vega porque “en lugar de pedir la aclaración del hecho, expresó que “no le tiene que pedir permiso” a los ciudadanos para hacer sus obras.
Le recordó que los gobernantes deben basarse en dos grandes principios: el de la legalidad, para hacer lo que permite la ley, y el de legitimidad, —que consideró el más importante— y que se refiere a contar con el respaldo de los ciudadanos para tomar decisiones.
Acciones como éstas, agregó, ponen en riesgo la gobernabilidad del estado y particularmente del municipio: “Lo que realmente indigna y agravia es que en las últimas declaraciones la confrontación esencial sea lanzar una amenaza a los ciudadanos (…). Lamentamos enormemente que no se comparta esta indignación, que se vea con absoluta naturalidad cómo se violentan los derechos de libre manifestación de alguien”.
