Desde hace más de un siglo cuando el Estado mexicano habla de drogas utiliza el discurso prohibicionista, es decir, criminaliza toda actividad relacionada con estas sustancias bajo un sólo argumento: las drogas están prohibidas porque atentan contra la salud personal y contra el bienestar público, y por eso ha creado catálogos de drogas, políticas de seguridad y leyes que castigan a quienes se vinculen en cualquier modalidad con las mismas, y esto, en gran medida para mantenerse congraciado especialmente con las políticas de Estados Unidos y otros países que sostienen la misma idea, aun cuando no se indaga sobre las razones de fondo por las que se prohíbe.
Un problema detrás de la prohibición es que difícilmente encontramos un sustento lógico y por tanto esa idea de prohibir se ha transmitido sin crítica en la cultura, pero se omite contestar una serie de preguntas elementales: ¿por qué, en qué momento y con qué razón el humano le prohibió al humano conocer y/o tener ciertas experiencias, sensibles como cuando se usan drogas psicoactivas? o dicho de otro modo, ¿por qué prohibir? En el caso específico podríamos referirnos, por ejemplo, a la marihuana.
El discurso prohibicionista pretende ser científico al referir la cantidad de efectos negativos que las drogas producen en el organismo y como afectan las relaciones personales cuando al exacerbarse el uso de una droga se genera dependencia que obliga a usarla en todos sus procesos de vida e interfiere con ellos haciendo al individuo depresivo, violento, irracional, etc. Al contrario existen también variados estudios que demuestran que no todas las drogas causan dependencia física o mental, no todas tienen efectos tan negativos, y, por el contrario, se pierde de vista que incluso con medida, muchas de estas tienen efectos favorables.
En México, debemos comenzar por ser críticos y no asumir los dogmas que el Estado nos entrega. Así pues, veamos algunos problemas del planteamiento prohibicionista:
1) La falsa generalización: implica pensar que absolutamente todas las drogas causan los mismos efectos dañinos y que transforman a sus consumidores en delincuentes, marcando por ello a los involucrados con las drogas en cualquier modalidad, como desviados. Al respecto es curioso que estas generalizaciones normalmente las realizan autoridades o particulares que carecen de conocimiento o experiencia para emitir un juicio de valor, y por tanto hablan desde lo subjetivo, y esto normalmente raya en falacias de ignorancia.
2) La falacia paternalista: es común que la autoridad apruebe normas que limitan el actuar de personas en cuanto a su campo íntimo, buscando dirigir internamente en cómo debe de ser la persona (Hart, 2009), es decir, imponer una forma de vida de acuerdo con lo que un grupo de poder quiere, y, en suma, limitar la libertad desde la moral de unos cuantos; por esto, la justificación del Estado para prohibir la droga se califica como paternalista, porque si realmente el interés proviene en la protección de la salud, el Estado tendría que estar ocupado por proteger al ciudadano en este tema y no criminalizar su decisión libre de acceder a la droga. Al contrario, el Estado dedica más recursos humanos y económicos para costear su autoproclamada guerra contra las drogas para perseguir y castigar a quienes se vinculan con drogas no importando si la consumen o la venden.
El Estado sí debe reconocer que el consumo de drogas puede generar en algunos individuos una dependencia física que afecta su salud, pero para prevenirlo, antes que reprimir, se requiere de la información real, abierta y objetiva (Savater, 1997), la generación de un sistema de ayuda en los procesos voluntarios o necesarios de desintoxicación, y en políticas administrativas que reconozcan con franqueza que la persona que quiere acceder a drogas lo hará, y por ello debe hacerlo en condiciones que no lesionan aún más su existencia, es decir, la actitud de impedir por impedir sólo ha creado mercados alternos que se defienden salvajemente por medio de violencia. Por ejemplo, en el tema de la marihuana en 2010 (cifras que siguen a la alta) del total de personas detenidas por la PGR 42% se vincularon con delitos contra la salud, y de estos 71% tuvieron que ver con la mera posesión de drogas (al menos 35% de este grupo tenían marihuana), hecho que evidencia la distracción de la procuración de justicia en perseguir consumidores antes que a delincuentes como secuestradores o ladrones y además la saturación del sistema penitenciario por cuestiones relativas al consumo, como lo informa la revista Cañamo (Alonso y Lajous, 2015) y que no reflejan victoria alguna sino el más claro ejemplo del fallo de esa actitud de Estado.
3) Las distinciones injustificadas de lo que implica la afectación a la salud: Si la lógica del Estado es prohibir aquello que daña la salud, entonces ¿cuál es la razón de que una amplia gama de sustancias no consideradas drogas y que causan daños e incluso incrementan tasas de mortalidad año con año sean permitidas? como sucede con el azúcar, grasas saturadas, carbonato, alcohol, cafeína, taurina, el tabaco, etc. Es decir, no se puede sostener que la marihuana debe prohibirse por esas razones porque en tal caso todo lo dañino debería estar prohibido. En estadísticas publicadas por el Inegi la primera causa de muerte en México es producto de la diabetes mellitus por sobrepeso, seguida de enfermedades isquémicas del corazón, mientras que en cuarto y quinto lugar están enfermedades pulmonares, hipertensivas y así sucesivamente, sin que el consumo de drogas sea una de las causantes de muerte relevantes. Esto nos lleva a pensar ¿realmente son las drogas el tema de salud más relevante del Estado?
No se quiere aseverar que la droga es buena, pero en todo caso debe ser el consumidor, mayor de edad e informado, quien tenga la oportunidad de decidir su uso o no y cambiar la política de choque por nuevas alternativas que aborden la problemática desde nuestra propia realidad social.
*Abogado litigante. Docente de la Facultad de Derecho de la UAQ.
