El ex presidente municipal de Tequisquiapan Antonio Macías podría ser inhabilitado al resultar responsable de autorizar el pago de tres millones de pesos por bienes y servicios prestados en el pasado periodo de gobierno y que no han sido comprobados fiscalmente, anticipó el actual presidente Raúl Orihuela González.
Fue en informes entregados en el proceso de entrega-recepción donde se detectó el pago de diversas facturas que sumaban los tres millones de pesos, pero al tratar de corroborar este ejercicio económico, el equipo de transición municipal no recibió dichas facturas y tampoco había registro de las mismas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El alcalde de Tequisquiapan dijo que al momento no se ha podido comprobar la entrega de bienes y servicios señalados porque no se ha localizado a los presuntos proveedores ni los documentos fiscales que puedan justificar el gasto, razón por la cual la contraloría municipal propondrá sanciones por daño al erario, siendo Antonio Macías el responsable directo de estas irregularidades.
“En los informes que recibimos se habla de cuatro o cinco facturas que en conjunto suman los tres millones, pero no existen tales documentos ni registro fiscal, hemos hecho varias revisiones internas y externas sin que se pueda comprobar el destino final de este dinero”.
Explicó que a través de una auditoría externa se corroboró la inexistencia de dichas facturas, presuntamente pagadas en el último mes del anterior periodo gubernamental, además de otras irregularidades que en breve se darán a conocer para que a la vez se notifique a los ex funcionarios responsables de estas anomalías.
“Estamos próximos a llamar a los ex funcionarios responsables de estas inconsistencias, entre ellos el ex presidente, es el responsable directo de pagar estas facturas de las que no tenemos más datos, sólo se sabe que se pagaron los tres millones, pero su ejercicio no está justificado”.
El edil agregó que en el proceso de auditoria externa, Antonio Macías también resultó responsable directo de la construcción del parador gastronómico, cuya edificación invadió el predio de una compañía de telefonía, misma que se amparó y obtuvo un fallo a favor por el que se ordenó la demolición de los 22 locales.
La demolición de esta obra también representa también un daño al erario por lo que amerita también sanciones penales dijo el presidente Raúl Orihuela.
Será a través de la contraloría municipal como se notifique al ex alcalde sobre estas irregularidades a fin de que pueda justificar el destino de los tres millones de pesos, o de lo contrario fincarle las correspondientes sanciones, entre estas una posible inhabilitación, reiteró Orihuela González.
“La autoridad tendrá que sancionarlo si se incurre en otros delitos, por parte de la contraloría municipal se le llamará a comparecer, pero habrá sanciones, si van a haber inhabilitaciones podría ser para el ex alcalde y otros ex funcionarios de su administración, porque hay daños graves a las finanzas”.
Raúl Orihuela agregó que además del ex alcalde otros funcionarios han sido señalados como responsables de irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción y que se está en espera de los resultados de las revisiones a las cuentas públicas por parte de la Entidad Superior de Fiscalización, que podrían exhibir mas inconsistencias.