Más Información
La Universidad de Arkansas sigue sin pagar una deuda a constructores y proveedores que se dicen defraudados por algunos de los representantes de la institución, por lo que este sábado los demandantes realizaron una nueva manifestación para exigir el pago de 400 millones de pesos.
Ricardo Díaz Pérez, representante de dos de las empresas afectadas, explicó que el pago está pendiente desde hace 10 meses y el argumento es “no hay dinero”.
“Pedirles que hagan frente a los compromisos que se hicieron con los proveedores, hay proveedores a los que se les adeuda desde hace más de 10 meses, dan largas y largas y largas, sólo nos dicen que no hay dinero para pagar”.
Expresaron que se trató de una manifestación pacífica para que ya resuelvan el conflicto. De acuerdo con los afectados, Ricardo Benjamín González Valdés, presidente del Consejo de Administración de la Universidad de Arkansas, es el responsable de lo que llamaron “un fraude”.
De acuerdo a los abogados, la Asociación Espacios para la Educación, es quien debe el dinero, y resalta como uno de los patrocinadores del campus en México. La deuda está reconocida por quienes los contrataron, pero han incumplido las promesas de pago, incluso han sido amenazados para que “no levanten la voz” como condicionante de hacerles el depósito correspondiente.
Aseguraron que la universidad se construyó en terrenos de Ricardo Benjamín González, y él fue el encargado de gestionar la contratación para la construcción del campus, por ello lo señalan como el principal responsable de los incumplimientos.
Campaña de desprestigio. En respuesta, el área de Prensa de la Arkansas State University Campus Querétaro (ASUCQ), emitió un comunicado en donde afirmaron que detrás de las manifestaciones, hay personas que sólo buscan el desprestigio de la institución “con información manipulada”.
Afirmaron que los canales de comunicación usados por lo representantes de las empresas Aguas Recuperadas, S.A. de C.V., y Tecno-Qro, S.A. de C.V., “no son los adecuados, por lo tanto, rechazamos cualquier presión que esas empresas y sus representantes utilicen al margen de la ley”.
