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Desde que inició operaciones, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ha recibido denuncias en contra de 18 servidores públicos o funcionarios.
De esta cifra, cuatro ya cumplen una sentencia condenatoria, informó el titular de la dependencia, Benjamín Vargas Salazar.
“La mayoría son servidores públicos y en una minoría están los particulares que aunque son los menos, también están involucrados”, apuntó el funcionario.
Vargas Salazar precisó que aunque estos cuatro procesos se cumplimentan en prisión, la ley permite otras salidas para los imputados. Entre los delitos por los que se han vinculado a algunas personas se enlista el enriquecimiento ilícito, el cohecho y negociaciones ilícitas, reportó el fiscal.
“Ya tenemos cuatro sentencias con prisión (…) Obviamente ha habido otras que se van a través de la suspensión, pero también tienen una aplicación de la ley y eso es lo importante”, destacó el funcionario.
Por otra parte, indicó que el inspector del Instituto Queretano del Transporte (IQT), al cual se le cumplió una orden de aprehensión por pedir dinero a cambio de otorgar el refrendo vehicular a taxis, ya fue vinculado a proceso de investigación.
“Un servidor público que era el encargado de revisar las cuestiones físicas y mecánicas de las unidades de transporte colectivo taxi, en específico y que, bueno, pidió una dádiva para cumplir con su función, lo cual es ilegal”.
Vargas Salazar añadió al respecto que la persona tiene dos meses de suspensión en lo que se lleva a cabo la investigación complementaria para determinar si efectivamente el funcionario incurrió en algún delito.
“Es un delito de cohecho. Obviamente la pena va a depender de los datos de prueba que lleguemos a tener en el procedimiento, evidentemente no podemos adelantar qué pena puede ser, pero es por el delito de cohecho”.
Para concluir, Benjamín Vargas expresó que en el caso de los cuatro supuestos aviadores en el municipio de Querétaro, hasta el momento ningún ciudadano o autoridad de la demarcación ha presentado alguna denuncia.
“La fiscalía anticorrupción del estado no tiene ninguna denuncia por parte de parte de la autoridad”, mencionó.
Es importante recordar que la fiscalía anticorrupción entró en funciones en junio de 2017 como parte del Sistema Estatal Anticorrupción implementado ese mismo año.
De acuerdo a su informe de actividades, rendido el pasado mes de abril del año en curso, la fiscalía anticorrupción investiga a nueve personas por mes, tanto de la administración pública estatal como municipal, así como a ex servidores públicos y servidores públicos, además de particulares.
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