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Durante los cinco años en los que estuvo Miguel Nava Alvarado al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH), se realizaron 14 informes especiales, cinco controversias constitucionales, así como tres acciones de inconstitucionalidad, mientras que de las últimas 10 recomendaciones siete fueron en contra del gobernador Francisco Domínguez y, en su momento, del ex gobernador José Calzada.
En la página oficial de este organismo autónomo, en el que aún se muestras fotografías del ex ómbudsman, se dan a conocer las diversas acciones legales que se tomaron durante la administración 2012-2017.
Sin embargo, solamente se informa de las recomendaciones realizadas en los últimos dos años, de las cuales una aún sigue en etapa de pendiente y otra más no fue aceptada.
La recomendación que no fue aceptada se debe a las violaciones a los Derechos Fundamentales de Salud, Integridad Física y a la Vida, atribuibles a servidores públicos del Hospital General de San Juan del Río, adscritos a la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), en 2016.
Mientras que el expediente que se tiene pendiente es dirigido al gobernador, en razón del indebido trabajo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro.
De acuerdo con los expedientes que se tienen públicos, los principales derechos humanos que se violentaron durante estos últimos dos años fueron en salud, seguridad, igualdad y al interés superior de la niñez, entre otros.
En cuanto a los informes especiales, el Tribunal Superior de Justicia es el que más tiene en contra, con cuatro; tres más corresponden al gobernador del estado, dos de ellos en el periodo de José Calzada Rovirosa y uno más en la actual administración de Francisco Domínguez Servién. Otros dos fueron al Poder Legislativo, ambos en la pasada legislatura.
Además, se tienen expedientes individuales en contra del alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega; otro a la extinta Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG); así como para el rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruíz; para la Dirección de Reinserción Social, además para el INE en conjunto con los institutos electorales de 17 estados, entre ellos el IEEQ.
Todos estos informes se desprenden de agravios a la administración de Miguel Nava Alvarado, debido a que no se le permitía realizar su labor, o bien, por violentar la autonomía del organismo, de acuerdo con el propio ómbudsman. En algunos casos, por no aceptar las recomendaciones emitidas.
Las controversias constitucionales, de las que se tienen registro, son en contra de la 57 Legislatura; dos en contra de la actual administración el Congreso local; una más al Poder Ejecutivo, por atentar al principio de irreductibilidad del presupuesto para la DDH, esto en 2016. Los dos restantes son en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo federal, así como a la CNDH.
En lo que respecta a las tres acciones de inconstitucionalidad que emitió, Miguel Nava Alvarado, dos de ellas son en contra de la 58 Legislatura y el Poder Ejecutivo, ambos del estado de Querétaro, por emitir y promulgar la “Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro”, misma que violenta la autonomía de la institución.
Mientras que el tercero es contra el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, en 2016, ya que el ómbudsman consideró que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vulnera el principio de autonomía de gestión de la Defensoría de Derechos Humanos y el principio de Seguridad Jurídica de los servidores públicos adscritos a este organismo.
