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El ex policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) José Luckas Carbajal Pérez, exige a las autoridades estatales su liquidación como elemento policiaco. Trámite que está pendiente desde hace tres años.
El quejoso asegura haberse desempeñado como policía estatal durante 13 años, y después del despido que sufrió, aún cuando le corresponden cerca de un millón y medio de liquidación, está solicitando a la SSC, un pago por un monto total de 2 millones de pesos.
Esto por el daño moral que les ocasionaron a su persona y a sus hijos, quienes —a decir del ex policía—, tuvieron que dejar de estudiar a causa de que ya no contaba con un trabajo y recursos económicos para mantener sus necesidades escolares.
“Me iniciaron mi baja, que no he firmado, supuestamente por 28 faltas las cuales no tuve y que ellos alteraron, ya que me mandaron a un servicio al Hospital del niño y la Mujer sin arma, siendo que ellos incurrieron en irresponsabilidad por mandar a los policías sin armas. En ese momento yo me negué, porque todo policía en servicio debe estar protegido y el problema es que sí vas sin arma, cuando te pasa algo no te pagan el seguro de vida, y esta baja es inventada por 28 faltas”, relató Luckas Carbajal.
Señaló que una vez que le indicaron que estaba dado de baja como policía de la SSC, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, intervino en su problemática, dando como sentencia a la dependencia estatal que se retramitará la baja por haber sido ilegal.
Sin embargo, y a decir de José Lucke, en ese momento intervino el Secretario de Seguridad Ciudadana, Adolfo Vega Montoto, junto con licenciados de nombres Javier Sábalos y Said Gutiérrez Almada, los cuales alteraron los documentos para que no procediera.
Declaró que debido a esta baja ilegal que se le hizo, tiene todavía en su poder sus uniformes de policía, lo que implica que el Secretario de Seguridad Ciudadana, este incurriendo en una irresponsabilidad.
Comentó que incluso asistió a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia, donde obtuvo el trámite a su favor y se le ordena que a esta situación le dé trámite la PGR y la Secretaria del Trabajo, sin respuesta.
