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Un aproximado de 500 familias de tres asentamientos irregulares esperan la devolución del dinero que hace tres años entregaron a autoridades municipales de San Juan del Río y a particulares para obtener las escrituras de sus propiedades; cada una aportó cerca de 5 mil pesos, sin que a la fecha tengan certeza jurídica sobre los terrenos que siguen revendiéndose.
Los Rocíos, Las Torres y Villas Santa María son los asentamientos —existentes en desde hace más de 10 años— donde en el periodo de gobierno 2012-2015 se inició la gestión de escrituras e introducción de servicios, luego de la creación de la Dirección de Regulación de Predios, a cargo de Lizeth Soto, quien vinculó a las familias con Marlene Landaverde, representante de la empresa Estrategia Sustentable y Jurídica, a la cual se depositó el recurso solicitado.
Aunque cerca de 50 afectados interpusieron demandas por presunto fraude, las autoridades correspondientes han informado que no existe delito, debido a que el recurso se empleó en los trámites, sin la seguridad de obtener las escrituras.
La recuperación de su dinero se dificulta porque en la Dirección de Regulación de Predios ya no labora Lizeth Soto, quien habría sido responsable de solicitar el depósito a cuenta de la empresa de Marlene Landaverde, quien ha declinado reunirse con las familias que exigen la devolución o continuar el tramite de escrituras.
“Hay un documento en el que estas dos personas [Lizeth y Marlene] se comprometieron a entregarnos los títulos en un año y medio, lo firmamos a finales de 2013, pero las autoridades del Ministerio Público, entonces, nos dijeron que no era un documento que probara el fraude”, informó Luis Estrella Reséndiz, habitante de la zona Los Rocíos.
Elvia Navarrete, habitante de El Rodeo, aseguró que en el asentamiento Loma Bonita continúa la reventa de lotes adquiridos años atrás por otras personas, lo que ha dificultado la regulación de la zona. Hace 10 años aproximadamente Elvia compró una fracción de terreno en este lugar, pero nunca obtuvo escrituras formales.
En El Rodeo hay cerca de 400 familias que han acudido ante autoridades municipales y estatales en busca de apoyo.
En 2014, los habitantes de esta zona también responsabilizaron a Lizeth Soto y Marlene Landaverde de solicitarles dinero a cambio del trámite de sus escrituras.
Previamente, denunciaron penalmente a Federico González Zúñiga como responsable de promover la venta de lotes que en apariencia ya tenían propietario; hay registros de reventa de terrenos hasta en 10 ocasiones.
El presunto autor del fraude también fue señalado como responsable de la venta irregular de lotes en un asentamiento ubicado en Palma de Romero. Hasta el momento permanece prófugo.
En Las Torres, familias afectadas iniciaron a principio de año un proceso penal por el presunto fraude; señalaron a la ex titular de la Dirección de Regulación de Predios como responsable de canalizar a los interesados con Marlene Landaverde.
Hilda Castellano, habitante de Las Torres, consideró que la falta de recursos económicos de las familias afectadas les ha impedido contar con asesoría legal permanente y lograr que se finquen responsabilidades en contra de las personas involucradas en las gestiones de escritura, que se llevaron más de tres años sin prosperar.
En marzo de este año, la directora de Regulación de Predios fue dada de baja de la administración municipal luego de inasistencias no justificadas a su trabajo; tras el despido, el secretario de Gobierno, Fernando Ferrusca, explicó que cualquier proceso legal iniciado en contra de la ex funcionaria seguirá su curso sin que el ayuntamiento tenga responsabilidad sobre su actuar.
La última vez que Soto tuvo contacto con familias de asentamientos irregulares fue en mayo de este año, cuando se reunió con habitantes de La Llave, en donde prometió tramitar escrituras de un predio ubicado en un terreno federal; además, garantizó dar certeza jurídica a 200 familias, que depositaron dinero para los trámites.
Han pasado más de tres años desde que se prometiera a cientos de habitantes certeza jurídica de sus viviendas y terrenos a cambio de los depósitos de 5 mil pesos, sin que a la fecha les hayan devuelto su recurso o se hayan fincado responsabilidades de los presuntos estafadores; los trámites de regulación de los predios también han quedado suspendidos.
