Familiares de víctimas exigieron a las autoridades estatales que se aplique justicia en las investigaciones de desaparecidos en la entidad; afirmaron que el Estado ha sido omiso en la búsqueda de las personas.
Además, expusieron su oposición a la propuesta de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares que se analiza a nivel nacional.
Los familiares acudieron a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a raíz de una invitación por parte de alumnos de la Especialidad en Familias y Prevención de la Violencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
A la charla acudieron Yadira González Hernández, José Ugalde Mejía y María Cruz de León, miembros de la organización Desaparecidos Justicia A.C, quienes presentaron un panorama sobre el fenómeno en la entidad y compartieron con universitarios el cómo se lucha por reconstruir el núcleo familiar a raíz de eventos traumáticos como estos.
Dicha asociación surgió en 2009 y actualmente agrupa a 45 familiares de personas que han desaparecido en Querétaro y en otros estados. La fundadora de este grupo es Brenda Ivonne Rangel Ortiz, cuyo hermano desapareció en Coahuila.
“Empezamos a reunirnos por esta necesidad de ser escuchados y de que esta problemática tan grave, que cada vez incrementa más sus cifras, sea atendida en Querétaro”, denunció González Hernández.
María Cruz de León, cuyo hijo desapareció en septiembre de 2013, detalló que se unió a Desaparecidos Justicia A.C para hacer frente al vacío que se encuentra en el tema de justicia en el país.
“Sabemos que tenemos muchas leyes pero todas creadas por personas que no conocen el tema, que ni lo viven ni lo sienten, no toman en cuenta la necesidad de las familias. Nuestra lucha es para que tengamos leyes que obliguen a las autoridades a buscar a las víctimas y traerlas a casa”, puntualizó la mujer.
Por su parte, José Ugalde Mejía explicó que existen madres de víctimas que viven al día con un sueldo de 800 pesos semanales y con su hijo desaparecido, sin pareja y con tres hijos más; para ellas, las circunstancias duplican la dificultad de encontrar a su familiar.
Yadira González abordó la propuesta de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares, que está en proceso de aprobación: “La mayoría de las organizaciones queremos quitarle la etiqueta, pues desaparición es la acción de desaparecer y nadie lo hace voluntariamente”.
Los familiares concluyeron que cuando una persona es víctima en México, además del desgaste económico, reciben una limitada protección legal, pues el término de desaparecido no existe, sólo vivo o muerto, situación que complica el estatus ante el Ministerio Público, órgano que recomienda —en la mayor parte de los casos— firmar el acta de defunción, generando con ello el cierre de la investigación.
