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El crecimiento poblacional no puede detenerse, pero se debe garantizar la sustentabilidad, comentó el presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, Calixto Santiago de Silva, al referirse al tema de Peña Colorada.
“Nosotros creemos en la protección ecológica como parte fundamental de que es una casa de todos, creemos en el desarrollo urbano, en la habitacionalidad y una viabilidad de ciudad, esas son las premisas de los derechos humanos”, declaró el especialista.
Santiago de Silva comentó que tiene entendido que las autoridades no se reunieron con todos los ejidatarios, por lo que ante esta omisión sí se puede pedir un amparo y frenar la declaratoria de área natural protegida.
Sin embargo, será trabajo de las administraciones entrantes señalar o no que las condiciones que se llevaron a cabo fueron suficientes para otorgar las modificaciones en el uso de suelo.
“Yo creo que fue un acierto jurídico y creemos que puede ser una acierto político el que retome todas estas acciones y en consenso de todos los que intervienen puedan proteger a Peña Colorada”, dijo.
El representante de los abogados en la entidad explicó que la iniciativa del gobierno federal es continuar el crecimiento de las ciudades, pero de manera vertical, para que se siga contando con los pulmones naturales que suelen estar a los alrededores de las ciudades.
“Para mis amigos ecologistas, no nada más se necesita poner todo verde, sino se necesita todo con sustentabilidad, donde crezca la urbanización, pero también con orden, con sustentabilidad y que tengamos pulmones para tener una mejor calidad de vida”, precisó presidente de los abogados.
En diversas ocasiones los ejidatarios de ese predio se inconformaron ante los anuncios realizados por las autoridades estatales de que ya se había cumplido con los trámites para la declaratoria de área nacional protegida, sin embargo, comentaron que ellos no fueron tomados en cuenta para este nombramiento.
Fue por ello que el pasado lunes 10 de agosto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marcelo López Sánchez, comentó que la declaratoria se encontraba detenida por un tema social y no de papeleo, pues ellos presentaron todos los estudios técnicos que avalaban dicha orden.
Incluso comentó que se les hizo la propuesta a los ejidatarios de participar en el programa de pago por servicios ambientales que lleva dicha dependencia a través del proyecto de disminución de la Huella de Carbono, la cual es fondeada con recursos provenientes del pago del refrendo vehicular.
