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Las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado (Icateq) en San Juan del Río podrían estar ubicadas en un terreno donado ilegalmente a la institución, luego de que Adolfo Ballesteros denunciara que por lo menos siete hectáreas de la extensión territorial fueron despojadas a su familia para ofrecerlas en venta a autoridades municipales y que estas donaran el predio.
El afectado aseguró que actualmente el municipio le exige un pago acumulado de 4 millones de pesos por este predio del que aparentemente ya no tiene posesión, pero que, sin embargo, permanece a su nombre ante el Registro Público de la Propiedad desde 1993, cuando se hizo el despojo.
Dijo que de, acuerdo con un juicio testamentario, él y sus 11 hermanos son dueños legítimos del predio que actualmente es ocupado por el Icateq; detalló que fue en 1993 cuando este predio fue vendido de forma ilegal por 200 mil pesos por Paulina González Ángeles a María del Pilar de la Fuente Coss, quien a su vez vendió los predios a Francisco Domenech; este cedió el terreno al gobierno municipal en turno como pago por el cambio de uso de suelo por otras propiedades.
En el predio en cuestión se han construido las instalaciones del Icateq, así como viviendas, por lo que quienes se ostentan como propietarios interpusieron un juicio que se ha mantenido por más de 20 años.
“La venta del predio se hizo con documentación apócrifa, porque no tenían documentos de posesión sobre estos predios; hemos interpuesto demandas en los juzgados civiles, también acudimos al Registro Agrario Nacional porque los que vendieron los predios estaban pidiendo la anulación de nuestras escrituras, pero fue improcedente y por eso aún contamos con las escrituras”, dijo Ballesteros.
Para que el predio pudiera ser ocupado por el Icateq autoridades municipales procedieron a desalojar las viviendas que en esa época se encontraban ahí y que eran habitadas por los hermanos de Adolfo Ballesteros.
“A mis hermanos los sacan de sus casas, que estaban en los terrenos que nos heredó nuestro padre; los metieron en la cárcel ilegalmente por un tiempo para que se pudieran entregar los predios al Icateq”, dijo.
A decir del inconforme, la prueba de que los predios son propiedad de su familia recaen en el Registro Público de la Propiedad, que incluso ha emitido una requisición a los afectados para que paguen los 4 millones de pesos que se adeudan de predial por dicha extensión territorial.
“Cuando fui a pagar el impuesto de parte de mis predios me dicen que se deben 4 millones de pesos, es decir me están cobrando lo que se debe por estas siete hectáreas, lo que prueba que los predios aún están a mi nombre; incluso tengo la requisición de la deuda. Esto confirma el despojo”, señaló.
Por esta situación aseguró el afectado que el Icateq carece de escrituras y de registro oficial ante la Secretaría de Educación Pública.
Según Ballesteros, el predio tiene un valor catastral de más de 55 millones de pesos y actualmente siguen vigentes los juicios mediante los cuales se pretende lograr una indemnización.
El afectado dijo estar dispuesto a llegar a un acuerdo con las autoridades municipales, con los habitantes de las viviendas y con el Icateq para resolver la situación de los predios.
