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En el estado de Querétaro existen 69 clínicas de rehabilitación contra adicciones, de las cuales 60 se encuentran en la informalidad, reveló la coordinadora del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), Rebeca Mendoza Hassey, quien explicó que no existen normas federales para cerrarlas por carecer de licencia o permiso.
La coordinadora del CECA informó que la Secretaría de Salud del estado tiene seis centros de atención primaria contra las adicciones ubicados en la capital y en los municipios de Corregidora, San Juan del Río y Tequisquiapan, que son para el tratamiento de rehabilitación por alcohol, tabaco, drogas ilegales y ludopatía. Estos ofrecen tratamientos ambulatorios gratuitos.
Sin embargo, existen 69 de tipo residencial instalados en todo el estado que no dependen del gobierno, sino que son operados por particulares rehabilitados.
“De esos 69, sólo nueve cumplen con un reconocimiento federal, es decir, sólo nueve podemos recomendar como gobierno que en esos lugares se lleva a cabo un tratamiento apropiado para rehabilitación y se da garantía a la ciudadanía y a la familia que en ese lugar no los van a maltratar ni física ni emocionalmente”, detalló Mendoza.
Dijo que pese a que el Consejo Estatal Contra las Adicciones monitorea el funcionamiento de las mismas y las apoya de manera gratuita para que se profesionalicen, no lo consiguen debido a la complejidad de obtener el reconocimiento federal.
Explicó que los factores que predominan para detener el proceso de formalizarse es la infraestructura inadecuada, ya que la norma 028, que se encarga de reconocerlos, exige que el número de pacientes sea acorde al tamaño del lugar y en la mayoría de los casos ingresan muchos pacientes a espacios reducidos y sin condiciones apropiadas.
Agregó que otros detalles que solicita la norma es que exista un médico y un psicólogo de planta, lo cual tampoco ofrecen las clínicas queretanas por el gasto que representa.
A pesar de ello, dijo que al menos 30 de las clínicas realizan un trabajo humano y correcto, aunque no operen con la normatividad federal, pero informó de la existencia de más de 25 conocidos como “anexos” que operan bajo el programa de los 12 pasos y en condiciones inadecuadas o con atención inhumana.
En este sentido, Mendoza Hassey urgió la existencia de una norma federal que pueda aplicar multas y cierres en los centros que operan en la informalidad, ya que hasta el momento no pueden clausurarlos, incluso si carecen de licencia de funcionamiento y añadió que en ningún estado existe esta norma federal que se anunció para este año.
“Se está trabajando en la federación desde el año pasado en un ordenamiento federal que atienda lo que es la prevención, el tratamiento, la reinserción social y los tribunales contra las drogas, esa legislación federal va a normar y regular esta problemática que tenemos en los estados; ningún estado de la República tiene una normatividad que pueda cerrar este tipo de lugares”.
La única causante de cierre de las clínicas de rehabilitación es cuando se verifique algún acto ilícito.
