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Más del 50% de las quejas que atiende la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro están relacionadas con el uso de la fuerza física por parte de los policías municipales, informó el titular de la dependencia, Miguel Nava Alvarado.
La declaración se da en el contexto de una denuncia de ciudadanos de San Juan del Río, de la comunidad La Valla, quienes indicaron que la autoridad agredió físicamente a jóvenes de la zona.
Sobre el tema el ombudsman confirmó que la queja no fue recibida en la dependencia. Sin embargo, la defensoría inició oficios, porque los hechos se dieron a conocer a través de los medios de comunicación.
“Se no hizo importante entrar en conocimiento y lo que estamos haciendo es localizar a las personas, a las autoridades las tenemos plenamente identificadas, pero estamos en proceso de investigación, porque esto apenas fue la semana pasada”, aclaró Nava Alvarado.
El funcionario refirió que en la investigación que la institución realiza se tiene ubicada a la policía de San Juan del Río en la comunidad de La Valla, y se han documentado las personas que fueron agredidas, por lo que se pedirá a la autoridad que informe sobre lo acontecido.
En este sentido, mencionó que las quejas en contra de policías municipales en la Defensoría son comunes y de forma reiterada. Las principales quejas se dan por presuntos abusos de autoridad de los elementos de seguridad de Querétaro, El Marqués —en segundo lugar— y San Juan del Río. “(En) un poco más del 50 % de las quejas tienen que ver servidores públicos dedicados a la seguridad pública, por el ejercicio indebido del servicio público, un uso de la fuerza no moderada en algunos casos en otros casos que el particular ofrece resistencia al particular y el elemento tiene que actuar en consecuencia”, aseguró el funcionario.
Informó que cuando se ha detectado que existe alguna violación por parte de estos elementos en contra de los ciudadanos en sus derechos humanos, el organismo autónomo se ha pronunciado y emitido recomendaciones al respecto. “Nosotros nos damos a la tarea como Defensoría de los Derechos Humanos de investigar de manera concreta los casos en particular para que en un momento determinado emitamos una resolución que puede ser como ha sido en varias veces una recomendación”.
Recordó que el uso de la fuerza pública por parte de los elementos es legítimo, incluso, la fuerza legal de privar de la vida a otro, pero siempre y cuando se justifique, y en caso de no ser así, la acción se constituye en un acto de represión y de abuso de la autoridad.
“Recomendamos los inicios de los procedimientos administrativos de responsabilidad, el inicio de averiguaciones previas o al menos la recomendación o de la probable responsabilidad, que con motivo de ello hayan separado a los servidores públicos, eso no es competencia de los derechos humanos sino de otra autoridad, nosotros hacemos los señalamientos públicos”.
Asimismo, comentó que a inicio de la gestión municipal de San Juan del Río, la Defensoría ha aplicado, en este municipio, un esquema sistemático en materia de Derechos Humanos, que cuenta con capacitaciones a los cadetes.
“No quiere decir que esto sea una vacuna para que un servidor público no violente derechos humanos”, concluyó el funcionario de la Defensoría de los Derechos Humanos.
