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Con la iniciativa aprobada en el Congreso local para que el patrimonio familiar sea “inembargable” por los ayuntamientos, podrían correr riesgo las finanzas municipales, afirmó Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro.
Se trata de un proyecto que impulsa el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Carlos Lázaro Sánchez Tapia y que se aprobó en el pasado pleno de la Legislatura.
Carlos Lázaro explicó que “la iniciativa pretende proteger el patrimonio familia. Al ir con un notario y constituir la vivienda como patrimonio familiar, se vuelve inembargable”.
Esta nueva ley, que aún debe llegar al Poder Ejecutivo para su análisis y su eventual publicación en el Diario Oficial La Sombra de Arteaga, afectaría los 18 municipios, que tienen la capacidad de aplicar embargos precautorios para los ciudadanos que no pagan impuesto predial.
Marcos Aguilar expuso que es importante que los legisladores, antes de aprobar cualquier iniciativa. tomen en cuenta la situación financiera de los ayuntamientos, a fin de que sus propuestas no los afecten.
“Cualquier decisión que se tome en la Legislatura que consideren siempre las finanzas de los gobiernos municipales, de por sí bastantes retos se tienen para la generación de ingresos propios para cubrir las necesidades de una ciudad, como para que desde las legislaturas se generen decisiones que puedan afectar estos propósitos”.
Sin embargo, dijo que al desconocer a profundidad los términos de la iniciativa aprobada, no puede emitir una opinión o descalificar el esfuerzo.
Expuso que es necesario premiar con estímulos los municipios que tienen un buen manejo financiero o que cumplen a cabalidad las obligaciones estipuladas en la constitución.
“Lo que nosotros necesitamos es que aquellos municipios que estén cumpliendo con las obligaciones estipuladas en la constitución reciban estímulos, mayor presupuesto y mayor y mejor infraestructura para las ciudades”, sostuvo.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro, se han aplicado 200 notificaciones de embargos precautorios, es decir, una acción que imposibilitaría a las familias a hipotecar o intentar vender sus hogares.
Contar con una medida que impida esta acción, implica desincentivar a los ciudadanos para que cumplan con el pago del impuesto predial, que es la principal fuente de ingresos propios en las alcaldías.
“Habría que analizar todo aquello que pueda afectar las finanzas municipales, lo importante es que se garantice que no haya afectación al patrimonio de las familias, pero que tampoco afecte las finanzas de los gobiernos municipales”, concluyó.
