Ante el emplazamiento a huelga que realizó el pasado viernes el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estados (STSPE), el secretario de gobierno, Juan Martín Granados Torres, aseguró que se privilegiará el diálogo con los sindicalistas con la intención de reiterar que sus derechos no serán afectados.
El funcionario estatal explicó que le corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje determinar si procede o no dicho emplazamiento, por lo que el gobierno estatal estará pendiente de lo que se decida al respecto, en donde básicamente se denuncian supuestos incumplimientos y violaciones al reglamento de pensiones y jubilaciones y a diversos convenios de trabajo.
“Es un planteamiento donde ya se habían hecho algunos comentarios por parte de la dirigencia sindical. Ahora hay una acción de orden legal que corresponde al Tribunal resolver; nosotros vamos a estar en espera de cuál va a ser la calificación que se va a dar en el orden jurídico y ya después se actuará en consecuencia. Independientemente del tema jurídico, vamos a priorizar como gobierno —dadas las indicaciones del gobernador— el diálogo, las mesas de trabajo en las que se va a discutir cada uno de los puntos que se están planteando, que en esencia es básicamente la reforma a la ley de pensiones; reforma que ha sido atacada por amparos por la vía jurisdiccional, y prácticamente la mayoría se han desechado o han sido declarados improcedentes”, manifestó.
Granados Torres explicó que las reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, aprobadas el pasado 10 de diciembre por el Congreso local, han sido explicadas a la líder del STSPE, Carmen Mancha. Defendió que las modificaciones legales han sido avaladas por la autoridad judicial a nivel federal, quien determinó que los derechos laborales de los trabajadores no han sido ni serán afectados.
“Es nada más una argumentación de la lideresa, porque en varias mesas se le ha explicado jurídicamente y de manera muy puntual lo que significa la reforma; está asesorada por buenos abogados y, te vuelvo a repetir, hay muchos amparos que se han interpuesto y la mayoría han sido desechados o bien, denegado el amparo de la justicia federal. Lo que podemos interpretar que en su generalidad, la ley de pensiones hasta este momento está siendo reconocida por parte de la autoridad judicial federal como una ley que no violenta los derechos laborales de los trabajadores, independientemente de eso estamos privilegiando las mesas de diálogo, de información; todo lo que se requiera en ese sentido, será puntualmente atendido por las diferentes instancias de gobierno”, explicó el funcionario.
Recordó que uno de los grandes objetivos de la reforma a la ley mencionada fue acabar con los abusos de algunos servidores públicos que lograron obtener pensiones onerosas, que muchas veces superaban los 100 mil pesos mensuales.